La agente fiscal Patricia Sánchez puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado un hecho que, por sus características, podría afectar el ejercicio independiente de la función fiscal, en el marco de una causa por producción mediata y uso de documento público de contenido falso que involucra a un legislador.
La comunicación fue realizada conforme a los canales institucionales, atendiendo a la naturaleza sensible de los hechos y a su posible impacto en el normal desarrollo del proceso penal.
De acuerdo con lo informado, el 30 de marzo del corriente año la representante del Ministerio Público habría recibido, a través de una fuente cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, un mensaje atribuido a un senador nacional dirigido específicamente a su persona. En el contenido del mismo se haría referencia a eventuales consecuencias respecto a su permanencia en el cargo, en caso de que la fiscal decidiera interponer un recurso en una causa penal de interés del mencionado legislador.
Ante esta situación, que de manera preliminar podría configurar un acto de amedrentamiento orientado a condicionar el ejercicio de sus facultades procesales, el Fiscal General del Estado dispuso la inmediata articulación de medidas institucionales. En ese contexto, se resolvió activar el Protocolo para la Protección y Seguridad de Fiscales, Funcionarios y Servidores de los Ministerios Públicos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
Como parte de dicho procedimiento, se iniciaron acciones de evaluación de riesgo, la adopción de medidas de protección y el resguardo institucional correspondiente, conforme a criterios de celeridad, confidencialidad, proporcionalidad y coordinación. Estas acciones buscan garantizar que la agente fiscal pueda desempeñar sus funciones con seguridad, independencia y libertad de criterio, en el marco de lo establecido por la normativa vigente.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado dispuso la reserva de las actuaciones y el tratamiento institucional del caso dentro del marco de protección aplicable, considerando la naturaleza de los hechos comunicados y la necesidad de resguardar tanto la integridad funcional de la agente fiscal como la confidencialidad del proceso.
El caso guardaría relación con la causa penal que involucra al senador Hernán Rivas, quien fue investigado por la presunta utilización de un título de abogado de contenido falso. En ese proceso, se analizaron elementos vinculados a la obtención y utilización de documentos públicos, lo que derivó en actuaciones fiscales y judiciales de relevancia institucional.
La causa generó un amplio debate público sobre los mecanismos de control en el ejercicio de funciones públicas y el rol del Ministerio Público en la persecución de hechos punibles que involucran a autoridades electas.
En ese contexto, el hecho comunicado por la agente fiscal adquiere especial relevancia, en tanto se inscribe dentro de una investigación que involucra a un alto representante político, lo que refuerza la necesidad de asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la función fiscal. Las autoridades del Ministerio Público continúan con el tratamiento del caso bajo estricta reserva, conforme a los protocolos vigentes.
