La acusación contra la fiscal Ana Girala devela cómo operaba el esquema dentro de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, el cual consistía en pedidos de coima, extorsiones y demás a fin de obtener dinero por otorgar «salidas procesales» y formular imputaciones contra inocentes.
El fiscal Osmar Legal acusó ayer por cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes, asociación criminal y otros ilícitos y pidió juicio oral para la fiscal suspendida Ana Girala, dos funcionarias del Ministerio Público y tres abogados particulares.
Así también, Legal presentó nuevas imputaciones por soborno agravado contra tres personas que habrían pagado para que se presenten imputaciones. Las “sumas de dinero indebidas” oscilaron entre G. 10.000.000 a G. 25.000.000, que eran solicitadas por imputar u otorgar salidas favorables.
El escrito resalta que Girala, su asistente Christi Ortega y la secretaria Griselda Acha llegaron a un alto nivel de confianza tal que mantenían una coordinación y organización conjunta “para poder obtener réditos económicos de las causas penales tramitadas, de tal forma a que no sean descubiertas y así, asegurarse el disfrute de dichos beneficios”.