El fiscal Christian Benítez Cáceres acusó a Odilio Duarte Parini y al funcionario de Petropar, Luis Ramón Cuenca Acuña, por utilizar títulos universitarios apócrifos atribuidos a la UTIC para obtener una matrícula de abogado y cobrar indebidamente bonificaciones estatales. Autoridades de la casa de estudios declararon que las firmas son falsas y que ninguno de los dos culminó la carrera.
Odilio Duarte Parini fue acusado por el hecho punible de producción de documentos no auténticos en calidad de autor, mientras que Luis Ramón Cuenca Acuña por Producción de documentos no auténticos y cobro indebido de honorarios, en calidad de autor
La acusación señala que el 27 de mayo de 2021, Odilio Duarte Parini se presentó ante la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia y llenó la solicitud de Matrícula de Abogado, adjuntando un certificado de estudios y un título de Abogado, expedidos supuestamente por la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), con fecha 08 de enero de 2018.
Sin embargo, dichos documentos no fueron emitidos por la UTIC, puesto que, acorde a la información obrante en la citada casa de estudios, Duarte solo cursó hasta el cuarto año de la carrera sin haber concluido sus estudios ni obtenido el título presentado.
Estos documentos apócrifos le permitieron obtener la matrícula de Abogado ante la Corte Suprema de Justicia.
Situación similar ocurrió con el acusado Luis Ramón Cuenca Acuña, quien en su calidad de funcionario de Petróleos Paraguayos SA (Petropar), completó y presentó el Formulario de Bonificación por Grado Académico (Legajo N° 171), adjuntando una constancia de estudios y un título de Licenciado en Análisis de Sistemas, supuestamente otorgados por la misma casa de estudios, indicando haber obtenido dicho título en fecha 06 de noviembre de 2000.
Estos documentos no fueron emitidos por la UTIC, pues según informó la propia casa de estudios. Indicó que Cuenca Acuña cursó hasta el cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, sin haber concluido sus estudios ni obtenido el título invocado.
Mediante estos documentos, entre diciembre de 2022 y enero de 2024 percibió irregularmente G 1.500.000 de forma mensual en concepto de bonificación por grado académico, totalizando en la suma de G 21.000.000.
La acusación clara que el plazo de cobro irregular sería entre los años 2005 al 2024, sin embargo, se atribuye únicamente el periodo mencionado a raíz de la prescripción de la acción penal de los periodos 2005 a noviembre del 2022.
El rector de la UTIC, Hugo Simeón Ferreira González, declaró ante la Fiscalía que las firmas que figuran en los documentos presentados no son suyas además de manifestar que el diseño, tipografía y dimensiones de los documentos difieren de los utilizados por la institución. “No he expedido ni autorizado la emisión de ningún documento a nombre de los señores Odilio Duarte Parini ni Luis Ramón Cuenca Acuña, ya que ninguno de ellos concluyó sus estudios en esta casa de estudios”, manifestó.
Esta afirmación coincide con lo declarado con otros testigos citados, como Jorge Antonio Fernández Franco, exdecano de la UTIC y Elva Adriana Rojas De Segovia, exsecretaria General de la UTIC, quienes también negaron haber estampado su firma en dichos documentos y alertaron de inconsistencias con el formato empleado por la casa de estudios.
