La fiscal Lourdes Bobadilla presentó acusación formal y solicitó la elevación a juicio oral contra cinco imputados en el marco de la investigación sobre un esquema de estafa que afectó a 255 personas en playas de venta de automóviles. Entre los acusados se encuentran Denis Steven Bareiro Chávez, Carlos Alfredo Bereiro Benítez y Carlos Rubén Yrala Fernández, de Steven Automotores, imputados por los delitos de estafa y asociación criminal.
La acusación también alcanza al juez de Paz de Chaco’i Jorge Adolfo Franco Garelik y a la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez, ambos acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato.
Según la investigación de la Fiscalía, los imputados de Steven Automotores implementaban un modus operandi que consistía en ofrecer facilidades para la adquisición de vehículos, para luego aprovecharse del mínimo retraso en el pago de una cuota para iniciar acciones judiciales en un juzgado distante, obteniendo así órdenes de secuestro y recuperando los rodados para volver a venderlos. Las víctimas eran coaccionadas a firmar contratos de compra-venta (dación de pago) bajo engaño.
Un ejemplo de este modus operandi es el caso de Natalia Bareiro, quien en agosto del 2023 adquirió un vehículo entregando una suma inicial y comprometiéndose al pago de cuotas mensuales. Tras un breve atraso en el pago de una cuota, un oficial de justicia se presentó en su domicilio con una orden de secuestro firmada por el juez Franco Garelik y la actuaria Gaona Benítez. A pesar de intentar regularizar su situación, se le exigió una suma exorbitante y se le intentó obligar a firmar un contrato de compra-venta a favor de Bareiro Chávez.
La Fiscalía sostiene que el juez Franco Garelik y la actuaria Gaona Benítez, abusando de sus cargos, violaban los derechos de los demandados en los expedientes judiciales, favoreciendo sistemáticamente a Steven Automotores. La acusación señala que ni siquiera cumplían con los procedimientos básicos de registrar los expedientes en estadísticas o tasas judiciales.
La fiscal Bobadilla solicitó al juzgado correspondiente que eleve la causa a juicio oral, donde se espera que se presenten las pruebas que sustentan la acusación contra los cinco imputados. Este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los consumidores frente a prácticas fraudulentas y la importancia de la supervisión judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos.
