El fiscal Silvio Corbeta presentó acusación contra cinco funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por la presunta comisión del delito de estafa, en el marco de una causa que investiga la utilización indebida de cables especiales de alto valor económico, lo que habría generado un perjuicio patrimonial de más de Gs. 7.199 millones a la empresa estatal.
Los acusados son Ronie Pastor Rodríguez Aquino, Gerardo Javier Samudio Benítez, Edgar Ismael Báez González, Fernando César Giménez Morel y Julio Javier Lovera Caballero, quienes enfrentan cargos como coautores del hecho punible de estafa, tipificado en el artículo 187, inciso 1°, del Código Penal Paraguayo, conforme al artículo 29, inciso 2° del mismo cuerpo legal.
La Fiscalía solicitó al juzgado la elevación del caso a juicio oral y público, considerando que existen elementos suficientes que demuestran el daño económico provocado a la ANDE.
Según los antecedentes, entre el 01 de enero del 2021 y el 31 de marzo del 2022, los procesados habrían solicitado y retirado de forma desmedida e injustificada grandes volúmenes de cables de cobre especiales, no usuales para los trabajos realizados por su unidad. Entre los materiales retirados se incluyen cables desnudos y multifilares de diferentes calibres, supuestamente utilizados para servicios que no correspondían con el requerimiento real del área técnica de la institución.
Los cables fueron entregados por la Sección de Despacho de la ANDE al equipo de la Unidad de Limpio, encabezada por Ronie Rodríguez, quien firmaba las autorizaciones, pese a tratarse, según el Ministerio Público, de solicitudes irregulares y con fines aún no esclarecidos. La documentación revela que, tras su retiro, los materiales desaparecieron sin que existiera constancia de su utilización en obras efectivas.
El fiscal Corbeta argumenta que la disposición patrimonial indebida se concretó con la entrega efectiva de los cables, generando un resultado lesivo para la empresa estatal. La suma del perjuicio fue calculada en base a los precios de adquisición de los materiales, que asciende a Gs. 7.199.832.507. De confirmarse los hechos en juicio, los implicados podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión o multas, según lo previsto para este tipo de delitos contra el patrimonio en la legislación penal vigente.
