Admiten imputación contra Óscar Tuma, Alexandre Gomes y Alcira Rodríguez

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Juez Rosarito Montanía

La juez Rosarito Montanía admitió la imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes, el abogado Óscar Tuma y la funcionaria de Registros Públicos, Alcira Rodríguez. El caso guarda relación con la presunta transferencia irregular de bienes que estaban con medidas de carácter real en el marco del proceso derivado del operativo Pavo Real II.

La providencia fue emitida tras el cumplimiento de lo resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la competencia del Juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado para la tramitación del caso.

De acuerdo con el expediente, la imputada Alcira Rodríguez Flores deberá presentarse el 17 de septiembre a las 09:00 horas, en el Palacio de Justicia de Asunción, para audiencia conforme a los artículos 242 y 245 del Código Procesal Penal. Está procesada por supuesta comisión de los hechos punibles de alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos.

Por su parte, el abogado Óscar Tuma Bogado fue convocado para el 18 de septiembre a la misma hora, imputado por presunto lavado de activos en calidad de autor. Finalmente, el principal acusado, Alexandre Rodrigues Gómez deberá comparecer el 19 de septiembre vía telemática a través de la aplicación Cisco Webex, desde su lugar de reclusión. El mismo está procesado por supuestos hechos de lavado de dinero en concurso con otros tipos penales.

La providencia también ordena la digitalización de documentales y la inclusión en el sistema electrónico judicial, de manera a garantizar la transparencia y accesibilidad de las actuaciones a todas las partes. Asimismo, la magistrada dispuso que los agentes fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez presenten la acusación u otro requerimiento conclusivo a más tardar el 24 de enero del 2026, con base en los elementos reunidos en la investigación.

La resolución exhorta a que cada imputado cuente con asistencia legal, ya sea de confianza o por designación de la Defensa Pública, en caso de no contar con los medios económicos.