El juez Yoan Paul López admitió la imputación contra 23 estudiantes universitarios de la carrera de Medicina de la Universidad María Serrana por la supuesta producción de documentos no auténticos. La audiencia de imposición de medidas se realizará a partir del 31 de marzo.
Los mismos fueron imputados por las agentes fiscales Natalia Silva y Claudia Aguilera. Según la investigación, los alumnos habrían validado materias en esta universidad utilizando certificaciones falsas de otras Universidades.
La imputación señala que los estudiantes intentaron convalidar materias supuestamente cursadas en la Universidad Sudamericana y en la Universidad Internacional Tres Fronteras, pese a que nunca estuvieron matriculados en dichas instituciones. La maniobra les habría permitido obtener certificados de estudios y títulos expedidos por la Universidad María Serrana, los cuales fueron presentados el 15 de junio de 2020 ante la Dirección de Registro de Títulos del Viceministerio de Educación.
Las fiscales además solicitaron medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, mientras avanza la investigación. Este caso ha generado preocupación en el sector académico y de la salud, ya que pone en duda la autenticidad de títulos expedidos por la universidad en cuestión y el control ejercido por las autoridades. El escándalo de presunta falsificación en la Universidad María Serrana abre un nuevo debate sobre la regulación de instituciones de educación superior y los mecanismos de validación.
Esta no es la primera vez que la Universidad María Serrana se ve envuelta en problemas judiciales de este tipo, recordemos que en año 2022 se descubrió que los estudiantes que acudían a la misma (en su mayoría extranjeros) lograban la convalidar las materias cursadas en otras universidades, incluso llegando a completar en un año todas las materias que tomarían al menos tres años en terminar. A raíz de ello, se habían clausurado las facultades de medicina en las filiales de Asunción y Ciudad del Este.
