Según declaraciones del abogado Guillermo Duarte Cacavelos a PDS Radio, los teléfonos celulares y computadoras incautados en el allanamiento a la residencia del exdiputado Lalo Gomes fueron entregados al juzgado sin que el Ministerio Público tuviera control sobre los elementos.
Duarte Cacavelos afirmó que el juez Osmar Legal actuó «por motus propio» y ordenó un anticipo jurisdiccional de prueba sin facultades para hacerlo, convirtiéndose en investigador en lugar de garantizar el debido proceso.
La polémica se intensificó luego de que el Fiscal General del Estado Emiliano Rolón, confirmó que el fiscal Osmar Segovia, recientemente trasladado a Paraguarí, asumió la responsabilidad de haberse “apropiado” del celular de Gomes, debido al anticipo jurisdiccional de prueba emanado por el juzgado, sin que la Fiscalía tuviera oportunidad de investigarlo. Además, cuestionó que el juez Legal anunciara públicamente la existencia de información relevante en el dispositivo antes de que los actores procesales tuvieran acceso.
“El Juez no puede inmiscuirse en los actos de investigación y el Fiscal no puede allanar vías que corresponden a un juez”, sentenció Rolón, reforzando las críticas sobre el manejo del caso. Por su parte, Duarte Cacavelos insistió en que el magistrado actuó fuera de la ley con el único propósito de obtener información que pudiera beneficiarlo en su defensa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Este nuevo escándalo en el sistema judicial paraguayo deja en entredicho la actuación de jueces y fiscales en casos de alto perfil. Se espera que en los próximos días se defina si habrá medidas disciplinarias o acciones legales contra los involucrados, mientras crecen las dudas sobre la transparencia en el Poder Judicial.
