El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral la causa contra tres agentes de la Senad y una jefa técnica regional de la Dinavisa, acusados por supuestamente haber extorsionado a un empresario del rubro químico. La causa es respecto a los agentes Gabriel Macen, Andrea Solís y Violeta Sotelo, y la entonces directora regional de Dinavisa Dolly Núñez.
Según la acusación fiscal, los mismos habrían fiscalizado un local denominado «Quimic Brillo» en Curuguaty, consignando de manera errónea que el lugar carecía de habilitación para operar. Durante la inspección, el agente Macen habría solicitado al propietario el pago de USD 10.000 para agilizar dicha habilitación, negándose la víctima a hacerlo, lo que generó una amenaza sobre una denuncia ante la Fiscalía por no contar con el certificado en categoría «B».
Finalmente, se acordó el pago de G. 50.000.000. El dueño retiró G. 12.000.000 del banco y 4.000.000 de su negocio y entregó G. 16.000.000 a Macen en un surtidor, luego, este se reunió con Núñez en su vehículo y le entregó parte del dinero. La denuncia había sido presentada por el propio ministro antidrogas Jalil Rachid.
