El Observatorio del Ministerio Público reveló un crecimiento sostenido de los delitos informáticos en nuestro país, con 12.642 causas ingresadas entre el 2020 y julio del 2025 por hechos punibles como estafa mediante sistemas informáticos, acceso indebido a sistemas, alteración de datos y sustracción ilegal de información.
El informe detalla que la estafa informática es el hecho más frecuente, con 6.064 casos, mostrando un aumento exponencial de 278 causas en el año 2020 a 2.349 en el año 2024. Solo en el primer semestre de 2025 ya se registraron 1.146 denuncias.
Les siguen el acceso indebido a sistemas informáticos con 3.943 casos y la alteración de datos con 1.341 causas. Por último, el acceso indebido de datos alcanzó ya 1.294 denuncias en el periodo. El reporte advierte que, pese a la pandemia del 2020 y las limitaciones de movilidad, los registros no disminuyeron, lo que evidencia la magnitud de este fenómeno delictivo.
Los delitos informáticos contemplados en la Ley 1.160/97, modificada por la Ley 4439/11, establecen penas de hasta cinco años de cárcel o multas, dependiendo del hecho punible. Entre las modalidades más comunes figuran el phishing, el spoofing, la clonación de tarjetas, el smishing y vishing, el ransomware y el robo de cuentas de WhatsApp.
Expertos advierten que los ciberdelincuentes actúan engañando sistemas más que a las personas, pero los efectos terminan afectando directamente a usuarios, bancos, comercios y empresas. Los fiscales especializados recomiendan proteger contraseñas, activar la verificación en dos pasos, evitar el uso de Wi-Fi público para transacciones y desconfiar de enlaces o remitentes desconocidos.
En paralelo, el Ministerio Público trabaja en la capacitación de agentes fiscales. Entre el 12 y 14 de agosto del 2025, tres representantes de Paraguay participaron en Washington D.C. de un taller sobre delitos cibernéticos y ransomware, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal en un escenario donde las estafas digitales avanzan más rápido que la capacidad de respuesta judicial.
