En procedimiento simultáneo dirigido por la Fiscal Lourdes Bobadilla, esta mañana se llevó a cabo un allanamiento en la residencia del Juez de Paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Garelik, ubicada en la ciudad de Villeta. Este procedimiento es parte de una investigación que lo involucra en un presunto esquema de estafa relacionado con la venta de vehículos en una playa de autos. Al mismo tiempo, se realizó otro allanamiento en el barrio Hipódromo de Asunción en el marco de la misma causa.
La Fiscal Bobadilla señaló que, aunque encontraron al Juez en Asunción, no pudo ser detenido debido a sus fueros, por lo que están a la espera de un pedido de desafuero. Sin embargo, confirmó que Garelik ya fue imputado por varios hechos en el marco de la causa. Durante el allanamiento, se hallaron documentos originales del juzgado en su domicilio particular, lo cual sugiere irregularidades.
Bobadilla también mencionó que las denuncias sobre este caso se remontan a finales de 2023, pero debido a la creciente atención que ha generado, más víctimas se han acercado, incluso algunas con casos que datan desde el año 2018. Se reportaron numerosos incidentes donde los compradores sufrieron la sustracción de sus vehículos en la vía pública, pero al intentar reportarlo, se les informaba que era un «levantamiento limpio» ya que la empresa tenía copia de las llaves.
En cuanto a los delitos imputados, la Fiscal Bobadilla señaló que según los indicios y elementos recopilados se subsume la conducta en los hechos punibles de prevaricato y asociación criminal. Además, mencionó que el perjuicio económico causado a las víctimas aún no puede ser estimado debido al gran número de afectados.
Por otro lado, la agente Fiscal Gladys González, quien tuvo a su cargo el allanamiento en el barrio Hipódromo, mencionó que no se encontraron evidencias en la casa recién mudada. No obstante, confirmó que el Juez acusado estaba en compañía de su esposa durante el procedimiento.
Finalmente, se destacó que este modus operandi parece ser común en varias playas de automotores, donde los juzgados trabajan en conjunto con estudios jurídicos para ejecutar este tipo de estafas. Los compradores eran inducidos a firmar documentos que aumentaban su deuda y luego les eran arrebatados los vehículos, todo bajo la apariencia de legalidad.
