La investigación por presunta lesión de confianza en la Cooperativa Poravoty, entidad solidaria administrada por un grupo de policías, tomó un rumbo distinto este viernes con un allanamiento encabezado por el fiscal Óscar Delfino. La diligencia se realizó en la sede de la cooperativa y estuvo dirigida a asegurar evidencias documentales y digitales relevantes para la causa.
Durante el procedimiento, el Ministerio Público incautó documentación contable y realizó copias forenses de archivos informáticos alojados en los servidores de la institución, con el objetivo de reconstruir el flujo de operaciones y eventuales responsabilidades de sus directivos. Estas medidas forman parte de una estrategia de aseguramiento probatorio ante el volumen y la complejidad de los movimientos bajo investigación.
El caso se instaló en la agenda pública tras la denuncia del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), que en los últimos meses reportó graves irregularidades financieras y administrativas en Poravoty. De acuerdo con lo divulgado por las autoridades, el perjuicio acumulado rondaría los Gs. 295.000 millones, cifra que motivó la intervención regulatoria y pedidos de acción penal.
En paralelo, la Fiscalía ya había anunciado que convocaría a los responsables de la cooperativa para esclarecer los hallazgos detectados por la auditoría de INCOOP, en un contexto de inquietud de socios y ahorristas.
En semanas previas, socios denunciaron públicamente un “desfalco” multimillonario y prácticas como créditos mal concedidos y certificados de ahorro presuntamente irregulares. Aunque esas versiones están en proceso de verificación, demuestran la desconfianza que rodea a la entidad y explican la urgencia de las medidas investigativas.
Por ahora, la hipótesis central del expediente es la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza por parte de exautoridades y administradores. La incautación de libros, contratos, estados financieros y respaldos digitales permitirá contrastar lo que declararon los directivos con el movimiento real de caja, cartera y pasivos de la cooperativa. El resultado de los peritajes contables y la trazabilidad de operaciones será clave para determinar si hubo desvíos o administración temeraria y, en su caso, quiénes responderían penalmente.
La intervención de INCOOP y el despliegue fiscal dejan al descubierto los mecanismos de control interno en cooperativas con alta base de socios y manejo intensivo de ahorro y crédito. El regulador ya había informado este mes que incrementó intervenciones y fiscalizaciones en varias entidades y que dio seguimiento especial a Poravoty por la magnitud de los riesgos detectados.
En términos procesales, tras el allanamiento se abre una etapa de análisis técnico de extracción y validación de datos, cruce de asientos contables y dictámenes periciales. Si de la evidencia surge corroboración de los desbalances reportados por INCOOP, la Fiscalía podría formalizar imputaciones ampliadas y solicitar medidas cautelares, especialmente para asegurar bienes y evitar una eventual insolvencia frente a los socios, según declaraciones a medios de comunicación.
Además de ello, se busca determinar la solvencia real de la cooperativa, priorizar la custodia de activos y, de ser necesario, activar medidas de recuperación de valores. En experiencias recientes, la coordinación entre el regulador y el Ministerio Público ha sido determinante para preservar documentación y ordenar la casa antes de que el daño se vuelva irreparable.
