El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Primera Sala, confirmó la resolución del juez Humberto Otazú que dispuso tratar durante la audiencia preliminar los incidentes y cuestionamientos contra las pruebas formulados por el exdiputado Orlando Arévalo, procesado por supuesto cohecho pasivo agravado en la causa conocida como “Chats de Lalo”.
Arévalo quien ejerce su propia defensa, promovió una serie de planteamientos relacionados principalmente con las evidencias informáticas presentadas por el Ministerio Público. El exlegislador presentó una excepción de falta de acción, ofrecimiento de pruebas, un incidente de exclusión probatoria y un incidente de nulidad absoluta del proceso por supuesta inobservancia de garantías constitucionales.
El juez Humberto Otazú resolvió tener presentes esos planteamientos y diferir su análisis para la audiencia preliminar. Contra esa decisión, Arévalo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, sosteniendo que correspondía producir previamente una serie de elementos que, según su postura, permitirían determinar la existencia de irregularidades en la evidencia digital.
En sus argumentos, Arévalo se refiere al material informático utilizado en la investigación, y en su recurso sostuvo que, tras acceder al soporte que le fue entregado, constató problemas en un archivo ejecutable con extensión .ufdr, además de una diferencia de más de 103 GB entre el volumen de información que habría sido certificado mediante el software Cellebrite en agosto de 2024 y el contenido que posteriormente recibió la defensa.
Concretamente, sostuvo que el material certificado inicialmente tenía aproximadamente 189,5 GB, mientras que la carpeta contenida en un disco Toshiba entregado por el Juzgado alcanzaría aproximadamente 285 GB. Para Arévalo, estas diferencias justificaban la realización de diligencias adicionales antes de la audiencia preliminar.
La defensa también alegó que necesitaba informes relacionados con la trazabilidad de la cadena de custodia y una auditoría sobre los archivos. Según su planteamiento, avanzar hacia la audiencia preliminar sin contar previamente con esos elementos afectaría su derecho al control y producción de las pruebas y podría provocar una situación que posteriormente no podría ser subsanada durante el juicio oral.
El Ministerio Público, por su parte, solicitó el rechazo del planteamiento. La Fiscalía argumentó que, una vez presentado el requerimiento conclusivo, el proceso ingresa a la etapa intermedia y que las cuestiones formuladas por Arévalo corresponden precisamente a la audiencia preliminar o, eventualmente, a una pericia que podría ser propuesta y desarrollada posteriormente.
Al estudiar el recurso, el preopinante Gustavo Amarilla, consideró que el juez actuó correctamente al reservar el tratamiento de los planteamientos para la audiencia preliminar. La Alzada recordó que los artículos 353 y 354 del Código Procesal Penal contemplan esta instancia para el tratamiento de cuestiones incidentales y para el ofrecimiento y discusión de pruebas.
Los camaristas señalaron además que los reclamos formulados por Arévalo contienen cuestiones “extremadamente técnicas” relacionadas con el ámbito informático y con el contenido del medio de prueba ofrecido por la Fiscalía. En ese sentido, consideraron que varios de los cuestionamientos prácticamente constituyen puntos de una eventual pericia informática, que debería ser realizada por personal técnico idóneo.
La Alzada también dejó señalado que el Ministerio Público deberá presentarse a la audiencia preliminar con las respuestas y posibilidades de explicación respecto de los cuestionamientos efectuados contra el medio de prueba informático ofrecido en su acusación.
El camarista Arnulfo Arias, al exponer su posición, coincidió en que la providencia recurrida pospuso correctamente para la audiencia preliminar el estudio de la excepción de falta de acción, el ofrecimiento de pruebas, la exclusión probatoria y la nulidad absoluta planteadas por Arévalo. Indicó que será durante esa audiencia cuando el juez deberá analizar conjuntamente las propuestas del Ministerio Público y de la defensa y posteriormente resolver sobre la continuidad de la causa.
La camarista Silvana Luraghi se adhirió al voto del preopinante.
En la misma causa también está procesado Guido Díaz, señalado como supuesto cómplice. El proceso se desprende de la investigación iniciada a partir de las conversaciones extraídas del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
