El Secretario General de la SENABICO, Santiago Arza, habló con PDS Radio acerca de una denuncia por desacato a una orden judicial en el marco del caso AMIA. Al respecto, explicó que por orden del juzgado a cargo de Osmar Legal la SENABICO recibió en administración dos inmuebles propiedad de la Agroganadera Santa Felicidad, que habrían sido inmovilizados en la causa caratulada como “Hussein Mounir Mouzannar s/ inmovilización de activos financieros” en el marco de la Ley 6419/19.
Esto refiere a las inmovilizaciones financieras realizadas a través de solicitudes en virtud del acuerdo bilateral de lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese sentido, por un pedido de la República Argentina, el Paraguay activó los protocolos que tienen que ver con ese acuerdo y, en el marco de la ley, se inmovilizaron estos activos por una disposición judicial en virtud del A.I. N° 175. Al mismo tiempo, el Juez Osmar Legal ordenó que las propiedades fueran puestas a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) para su administración conforme a la norma.
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Explicó que esto fue recibido en el mes de abril y que las inmovilizaciones cuentan con un plazo de seis meses que es prorrogable y hoy en día se encuentran ya en la segunda prórroga. No obstante, en fecha 13 de junio aproximadamente, la persona encargada en representación de la SENABICO que se encontraba realizando actos de administración, se presentó al lugar y un encargado de la administración anterior le impidió la entrada manifestando que el señor Hussein Mouzannar le dio la orden de no permitir la entrada a nadie ya que no se encuentra vigente ninguna medida contra la empresa y tampoco contra el inmueble.
“Inmediatamente se tomó conocimiento a través del informe realizado tras lo sucedido y los funcionarios de la SENABICO se presentaron en el lugar y se realizó una denuncia en la comisaría de la zona, lo que posteriormente fue utilizado por los funcionarios para presentar un escrito en el expediente judicial de la inmovilización de activos financieros, para solicitar al Juez Osmar Legal que remita los antecedentes al Ministerio Público por desacato, teniendo en consideración que seguía vigente lo dispuesto por el magistrado, que ratificaba las medidas de inmovilización de los bienes y la administración de la SENABICO” agregó.
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Es así que, en fecha 10 de julio de este año el magistrado ofició los antecedentes para que sean remitidos a la Fiscalía y se inicie una causa por desacato. A pesar de que ya pasó un mes, aún no se ha notificado a la SENABICO a cargo de qué Fiscal habría quedado la causa de desacato, si es que ya se designó a alguno, no obstante, ha cesado la administración de la SENABICO sobre estos bienes por la imposibilidad para realizar dichos actos.
“No se puede tomar las propiedades por la fuerza, entonces, habiendo una cuestión de fuerza mayor en el sentido de que hay una persona que no permite el ingreso, ha cesado la administración de la SENABICO hasta tanto se tomen las medidas correspondientes en el marco de la denuncia de desacato que hoy día ya está en el Ministerio Público. Calculamos que se está esperando la asignación de un fiscal para que pueda ordenar un operativo y se pueda reestablecer la administración en virtud de la resolución judicial de la inmovilización que se encuentra vigente” dijo.
