El funcionario del congreso Francisco Penayo Almada presentó una ampliación de la denuncia penal que había formulado ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) contra funcionarios innominados del Poder Legislativo y contra el presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez. En esta nueva presentación incorporó la figura penal de administración en provecho propio.
La denuncia sostiene que Basilio Núñez, en su carácter de administrador y ordenador de gastos del Congreso Nacional, habría utilizado sus atribuciones para beneficiar patrimonialmente a su sobrina, Berenice Ayelén Sosa Cabrera, quien ingresó a la Cámara de Senadores en fecha 01 de octubre del año 2023 mediante nombramiento directo.
De acuerdo con la presentación, la funcionaria tenía 18 años al momento de su incorporación y contaba únicamente con título de bachiller. Según el denunciante, inicialmente fue asignada al despacho de su tío, quien entonces se desempeñaba como líder de bancada en el Senado.
Penayo señala que, tras la asunción de Basilio Núñez como presidente del Congreso Nacional en julio del año 2024, la funcionaria habría recibido sucesivas recategorizaciones y aumentos salariales. Su remuneración mensual pasó de Gs. 4.500.000 a Gs. 7.100.000 en julio del 2024, cuando fue ubicada en la categoría “Profesional I” y, posteriormente a Gs. 9.500.000 en enero del 2025, tras una nueva recategorización y su traslado a la Dirección de Mantenimiento del Congreso. El incremento acumulado representa, según la denuncia, un aumento del 111% en un corto período.
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El denunciante estima que esta situación podría generar un perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente Gs. 370 millones hasta la finalización del mandato del legislador en el 2028. Además, sostiene que los hechos podrían configurar los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios y administración en provecho propio.
En la ampliación se argumenta que el senador habría dispuesto recursos públicos en favor de una integrante de su entorno familiar, utilizando presuntamente de manera arbitraria sus facultades de nombramiento, categorización y asignación salarial. También se cuestiona si la funcionaria reunía los requisitos académicos, técnicos y funcionales exigidos para ocupar cargos con categorías profesionales y si existió una contraprestación efectiva acorde con las remuneraciones percibidas.
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se encuentran el requerimiento del legajo administrativo completo de la funcionaria, informes a la Contraloría General de la República sobre declaraciones juradas y criterios de recategorización, así como la declaración de responsables del área de recursos humanos y de la Dirección de Mantenimiento del Senado.
Penayo también pidió que, en caso de reunirse elementos suficientes de sospecha, se formule imputación contra los responsables y se promueva el correspondiente pedido de desafuero ante la Cámara de Senadores, si resultara necesario.
La denuncia se encuentra en etapa preliminar y corresponde al Ministerio Público evaluar los hechos expuestos y determinar si existen elementos para iniciar una investigación formal. Hasta tanto no exista una resolución judicial firme, las personas mencionadas conservan su presunción de inocencia.
