Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se reunieron de manera virtual con los gremios judiciales con relación al proyecto de ley “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra y deroga la Ley N° 3759/09, sus modificaciones y leyes antecedentes”, promovido por varios senadores.
Al respecto el titular de comisión, el diputado Derlis Maidana refirió, que uno de los puntos en el que los invitados coincidieron, fue en el artículo 16 del texto que habla de la oficiosidad de las denuncias por parte del Jurado de Enjuiciamiento. En este sentido, solicitaron se establezcan causales claras para iniciar el proceso, denuncias responsables y no simples acusaciones sin fundamentos.
Martín Muñoz, presidente de la Asociación de Defensores Públicos, cuestionó causales de remoción como la insania mental o enfermedades físicas claramente constituidas, ya que, según dijo, para estas situaciones, se dan otras alternativas como el régimen de jubilación especial y que este tipo de condiciones no pueden ser objeto de una sanción.
Por otro lado, sostuvo que la facultad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de iniciar de oficio un proceso contra un magistrado o defensor, vulnera el debido proceso al convertirse en juez y parte, además de violar la independencia del sistema judicial.
Por otra parte, el camarista Ángel Cohene, titular de la Asociación de Magistrados Judiciales, indicó que, en la actualidad, el procedimiento de enjuiciamiento se inicia de oficio y se torna violatorio del modelo acusatorio constitucional. Añadió que las reglas de proceso deben estar claras y no con términos ambiguos, amplios y vagos.
Fuente: www.diputados.gov.py
