Andina: envian a prisión a propietario de “Caza y Pesca El Dorado” por presunto tráfico de armas

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Gustavo Ramón González Mujica

La juez penal de garantías Lici Sánchez ordenó la prisión preventiva de Gustavo Ramón González Mujica, propietario de la firma “Caza y Pesca El Dorado”, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de armas y asociación criminal, tras el Operativo Andina.

La resolución sostiene que la casa comercial habría sido utilizada como una estructura de apariencia legal para adquirir un total de 2.007 armas de fuego y 150 municiones entre septiembre del año 2022 y mayo del 2023. Según la hipótesis del Ministerio Público, gran parte de ese armamento habría sido posteriormente suministrado o comercializado ilegalmente a terceros.

De acuerdo con la imputación, las armas fueron adquiridas de diversas empresas importadoras habilitadas, entre ellas Camping 44 S.A., Chaco Outdoors S.A., Grupo 3 S.A., Internacional Auto Supply S.A., Polox SRL y Yamgo SRL.

La investigación se inició luego de una verificación realizada en fecha 02 de mayo del año 2023 por personal de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), acompañado por agentes de Interpol y efectivos policiales, en la dirección declarada por la firma “Caza y Pesca El Dorado”, ubicada en la ciudad de San Antonio.

Sin embargo, los intervinientes constataron que en el lugar ya no funcionaba una armería, sino un comercio de venta de ropas denominado “JH Variedades”. Según la resolución, pese a que el sistema integrado de la DIMABEL registraba que la empresa debía contar con más de 2.000 armas en existencia, no se halló rastro operativo de la firma.

Posteriormente, la DIMABEL dispuso el bloqueo del sistema de la empresa y avanzó con las investigaciones administrativas y penales. Informes posteriores de inteligencia señalaron que al menos 53 armas correspondientes al lote adquirido por la firma fueron incautadas en distintos operativos realizados en Brasil.

Entre los procedimientos citados en la resolución figuran decomisos de pistolas ocultas en camiones paraguayos que transportaban arroz, armas adheridas al cuerpo de personas detenidas y armamentos ocultos en vehículos. Varias de las armas presentaban números de serie borrados y fueron identificadas mediante pericias químicas realizadas por autoridades brasileñas.

La trazabilidad efectuada a través del Sistema Integrado de la DIMABEL permitió vincular las armas incautadas en territorio brasileño con la firma “Caza y Pesca El Dorado”, propiedad de González Mujica, según refiere el expediente. La investigación también sostiene que las restantes 1.954 armas continúan con paradero desconocido. Para la Fiscalía, existen sospechas suficientes de que la estructura comercial habría servido como fachada para el tráfico y comercialización ilegal de armamentos.

El imputado había sido declarado rebelde en noviembre del año 2025, luego de que las autoridades no lograran ubicarlo pese a múltiples diligencias y allanamientos desarrollados en el marco del operativo denominado “Andina II”. Ante esa situación, la justicia ordenó su captura nacional e internacional. Finalmente, Gustavo Ramón González Mujica fue detenido por agentes de Interpol y puesto a disposición del Juzgado Especializado en Crimen Organizado.

Tras su comparecencia ante la magistrada, se levantó el estado de rebeldía y se reanudó formalmente el proceso penal. Durante la audiencia de imposición de medidas, la Fiscalía argumentó la existencia de peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, atendiendo la gravedad de los hechos atribuidos, la expectativa de pena y la presunta existencia de una estructura criminal organizada.

La juez Sánchez consideró acreditados, en esta etapa inicial, elementos suficientes sobre la existencia de hechos punibles graves y la probable participación del imputado. También valoró el carácter transnacional del caso y el riesgo de que pudieran destruirse pruebas o influirse sobre eventuales testigos y otros involucrados.

En consecuencia, el juzgado dispuso la prisión preventiva de González Mujica en el Centro Nacional de Prevenidos, ex Tacumbú, mientras continúan las investigaciones. El Ministerio Público tendrá plazo hasta el 30 de junio para presentar su requerimiento conclusivo en la causa.