El abogado Andrés Casati se reunió con el ministro de la Corte Gustavo Santander, para denunciar la inacción de la Fiscalía en relación a una denuncia presentada en el 2019 contra una rosca que despojó de 1.000 hectáreas de su estancia en San Pedro al fallecido Dr. José María Barrios Villalba.
Actualmente la causa se encuentra con el fiscal Leonardi Guerrero, quien fue designado en la unidad penal luego de que la fiscal Natalia Cacavelos haya sido asignada para cumplir funciones en la Unidad de Delitos Económicos.
Casati recordó que la denuncia fue presentada el 21 de junio del año 2019 y hasta la fecha, seis años después, la investigación no ha prosperado. Señaló como responsable directa de esta situación a la entonces fiscal interviniente, Natalia Cacavelos, a quien acusó de total inacción pese a los reiterados pedidos de diligencias formulados por la parte denunciante. «El Dr. Barrios, con 82 años, murió sin ver justicia, después de haber sido desalojado de su propiedad que ocupó legalmente durante 45 años», manifestó visiblemente indignado.
Según Casati, el caso se remonta a una compraventa realizada por Barrios al Estado paraguayo en el año 1973. Décadas después, apareció un título fechado en 2008, presuntamente falso, que superponía la misma propiedad, lo que dio lugar a una demanda de nulidad de acto jurídico promovida por un conocido rematador, Mario Person Báez. En un fallo que calificó de “escandaloso”, el entonces juez Miguel Ángel Rodas dio validez al nuevo título, en detrimento del documento estatal original. Esta sentencia fue luego confirmada por dos camaristas, uno ya jubilado y otro en funciones, a pesar del voto disidente del magistrado Arnaldo Martínez Prieto.
El abogado apuntó también al tratamiento desigual del caso, indicando que cuando Pedro Galli asumió como presidente de la ARP, el entonces síndico de quiebras Blas Velázquez desistió de accionar contra él, pero continuó el proceso contra Barrios, quien finalmente fue desalojado violentamente con apoyo policial y sin posibilidad de retirar siquiera sus animales. “Lo sacaron a patadas, con cuatro camionetas tipo comando. Fue un atropello”, relató.
Casati afirmó que las pruebas son contundentes y que la fiscal Cacavelos desoyó al menos 20 solicitudes para que se tomara la declaración del entonces camarista Martínez Prieto, hoy asesor jurídico del Ministerio Público, quien había votado en disidencia y advertido sobre la irregularidad del nuevo título.
Tras los recientes cambios en el Ministerio Público, Casati expresó su esperanza en que el fiscal Leonardi Guerrero, ahora a cargo de la causa, dé el impulso necesario a la investigación. El abogado confirmó que ya puso la situación en conocimiento del Fiscal General del Estado y reiteró la urgencia de que se tomen declaraciones pendientes, se analice la autenticidad del título de 2008 y se investigue a fondo el accionar de los magistrados implicados.
«Este caso no puede quedar impune. No es solo una injusticia individual, revela cómo opera un esquema que premia a jueces denunciados y silencia causas graves mediante la omisión deliberada», concluyó Casati tras su audiencia con el ministro Santander.
