La Corte Suprema de Justicia acordó convocar a una reunión de trabajo el próximo lunes con el objetivo de analizar una propuesta de acordada vinculada al proceso de matriculación de abogados, particularmente en lo referido a egresados de carreras de Derecho que no cuentan con acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
La iniciativa surge a partir de una nota remitida por la ANEAES, en la que se plantea la incorporación de criterios diferenciados según el estado de acreditación de las carreras universitarias, así como la eventual aplicación de un examen de competencias para los egresados de programas no acreditados.
Durante la sesión, se dio lectura a la propuesta firmada por el doctor José Fernando Duarte Penayo, en la que se plantean tres ejes principales; el reconocimiento diferenciado de carreras acreditadas como factor relevante en la matriculación; la implementación de un examen obligatorio de competencias básicas para egresados de carreras no acreditadas y la articulación técnica entre la ANEAES y la Corte Suprema para la definición de estándares de evaluación.
En ese marco, se propone que la ANEAES brinde apoyo técnico en la elaboración de matrices de evaluación, así como en la definición de indicadores de calidad académica y el suministro de información actualizada sobre el estado de acreditación de las distintas carreras de Derecho del país.
El ministro Víctor Ríos señaló que el tema viene siendo debatido desde hace tiempo dentro de la Corte, recordando que incluso se habían impulsado proyectos de acordada y de ley en instancias anteriores. Indicó que la discusión actual se da en un contexto distinto, con mayor posicionamiento institucional de la ANEAES como órgano rector de la calidad de la educación superior.
Ríos advirtió que actualmente solo alrededor del 17% de las carreras de Derecho en el país cuentan con acreditación, mientras que el resto opera sin dicho reconocimiento. En ese sentido, mencionó que existen carreras, facultades y filiales que no cumplen con los estándares de acreditación exigidos, lo que ha generado preocupación dentro del ámbito judicial y académico.
Asimismo, destacó que la ANEAES ha planteado recientemente la posibilidad de avanzar incluso en la intervención de carreras no acreditadas a través del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), lo que calificó como una medida de mayor alcance dentro del sistema de control de la educación superior.
El ministro sostuvo que carreras como Derecho, al igual que Medicina, Ingeniería y Arquitectura, tienen un impacto directo en el interés público, lo que justifica estándares más rigurosos de formación y evaluación. En ese contexto, consideró oportuno avanzar en la discusión de mecanismos que incluyan evaluaciones adicionales para garantizar competencias mínimas de los egresados.
Ríos también mencionó que la ANEAES se encuentra en una etapa de transición hacia modelos de evaluación por competencias, similar a sistemas internacionales de medición educativa, lo que incluiría eventualmente la toma de exámenes a egresados de determinadas carreras.
Informó además que el Ministerio de Educación y Ciencias resolvió que desde los próximos años, 2027 o 2028, ya no inscribirán títulos de carreras que no estén acreditadas, lo que consideró como un cambio fundamental que debe ser tenido en cuenta en el debate sobre el tema. Ríos señaló que, ante dicha ley, es responsabilidad de la Corte tomar una medida en relación a los abogados egresados de carreras no acreditadas.
Por su parte, la ministra Carolina Llanes propuso que se verifique si efectivamente la Corte Suprema de Justicia tenga que ser la institución que tome dichos exámenes. Ríos respondió que no hay dudas de que la Corte puede realizar los exámenes, pero que se debe ver el fin de la herramienta.
Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón manifestó su respaldo a la discusión, señalando que ya en experiencias anteriores, como el proceso de habilitación de notarios, se aplicaron exámenes de ingreso como mecanismo de evaluación objetiva. En ese sentido, consideró pertinente analizar la posibilidad de extender un esquema similar al ámbito de la abogacía.
No obstante, planteó la necesidad de clarificar el alcance jurídico de la propuesta, especialmente en relación con la viabilidad de establecer estos requisitos mediante acordada, recordando que en ocasiones anteriores se había discutido la posibilidad de requerir una ley para su implementación.
Ante ello, la Presidencia de la Corte propuso convocar a una reunión de trabajo el próximo lunes, con el fin de analizar en detalle el proyecto, revisar propuestas alternativas y avanzar en la elaboración de un primer borrador de acordada.
El objetivo de dicho encuentro será consolidar un documento base de discusión que permita a los ministros abordar de manera integral los distintos aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta, en coordinación con la ANEAES y definir eventuales mecanismos de evaluación para el acceso a la matrícula profesional de abogados en el país.
