En un video que ha generado repercusión en redes sociales, el agente fiscal Juan Daniel Benítez de en la Unidad Penal Nº 03 de Curuguaty, fue captado bailando y cantando junto a la intendente de Santa Rosa del Aguaray, Silvia Trubger, al son de la “polca colorada” en medio de un festejo, lo que ha sido calificado por sectores críticos como «falta de ética».
Este episodio se produce en un contexto complicado para el agente del Ministerio Público, quien recientemente liberó a Derlis Adilson Dávalos Arteta, señalado como principal sospechoso del feminicidio de Antonia Salinas Espinoza. La decisión ha despertado indignación en sectores sociales y judiciales, ante la gravedad del caso y la cercanía entre el fiscal y las autoridades locales.
Cabe mencionar que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya intervino en su contra en una sesión ordinaria llevada acabo en el año 2022, analizando la causa caratulada “Abg. Juan Daniel Benítez Miranda, Agente Fiscal (…) s/ Enjuiciamiento”, en relación al expediente “Edgar Demetrio Jara s/ Homicidio Doloso”. El A.I. N° 324/2021, con fecha del 08 de junio del año 2021, destaca varias supuestas irregularidades en su desempeño.
Entre las numerosas irregularidades señaladas a Benítez, el mismo habría liberado a siete personas detenidas en situación de flagrancia, aplicando un criterio de oportunidad sin contar aún con autorización judicial. Además, se menciona envío de la suma de Gs. 2.000.000 a la comisaría de Ygatimí como supuesto medio de resolución extrajudicial, cuando la normativa requiere trámite ante el Juzgado de Garantías.
Además de ello, el fiscal no justificó adecuadamente el levantamiento de las detenciones, a pesar de existir indicios de delito vinculados a posesión de armas, revólver calibre 38, pistola 22 y se omitió imputación pese a existir evidencias. El ministro de la Corte Dr. Manuel Ramírez Candia advirtió ante el JEM que este accionar podría representar mal desempeño funcional o incluso usurpación de facultades jurisdiccionales.
Ramírez Candia propuso la remoción del agente fiscal como sanción debido a las irregularidades cometidas. Por su parte, el Diputado Rodrigo Blanco adhirió a la sanción, aunque en el grado de aper reprimandación, argumentando que, si bien el fiscal podía liberar a los aprehendidos a su criterio, lo cuestionable fue no haber imputado a pesar de elementos suficientes para hacerlo.
El hecho de que el agente fiscal haya sido filmado en un ambiente festivo y con autoridades políticas mientras enfrenta serias acusaciones disciplinarias y su actuación sigue bajo escrutinio por decisiones controvertidas, como la liberación del sospechoso Dávalos Arteta, plantea interrogantes clave acerca de la afectación de la imparcialidad del Ministerio Público, al exhibirse en plena fiesta con figuras públicas.
La decisión de liberar a un sospechoso en caso de feminicidio antes de su imputación, sumada a esta exposición pública, potencia la percepción de que el fiscal podría estar sujeto a influencias o presiones extra judiciales. Es importante mencionar que el Fiscal General del Estado ya dispuso una auditoría con relación al mencionado caso, con el fin de determinar responsabilidades y aplicar correctivos en el marco de los protocolos de atención a casos de violencia de género.
