Un Tribunal de Sentencia levantó el arresto domiciliario que pesaba sobre la exmodelo Andrea Beatriz Segovia Landaira, condenada en primera instancia a tres años de prisión en el marco del proceso derivado del operativo Apulia. Según la acusación, la misma íntegro una organización criminal que se dedicaba a obtener cocaína de alta pureza proveniente del Chaco paraguayo, realizaban mixtura para aumentar su volumen y distribuir para su comercialización ilícita, entre los años 2021 y 2022.
La audiencia de revisión se llevó a cabo el 04 de septiembre, tras la solicitud presentada por los abogados Edgar López Escobar y Rolando Ortiz Ayala. La defensa argumentó que su clienta ya había cumplido, en los hechos, la totalidad de la condena impuesta desde que fue privada de libertad preventivamente el 05 de septiembre del año 2022. En mayo de este año, el Tribunal dictó la S.D. Nº 216 condenando a Segovia Landaira a tres años de prisión. Si bien la resolución quedó firme para la joven, aún se encuentra pendiente en la Cámara de Apelaciones el estudio de recursos planteados por otros coprocesados.
El Ministerio Público, representado en la audiencia por el agente fiscal Deny Yoon Pok, no se opuso al levantamiento del arresto domiciliario y de las demás medidas restrictivas, destacando que la sentencia aún no está ejecutoriada, pero que no existen riesgos de fuga ni de obstrucción al proceso.
Tras analizar los antecedentes, el Tribunal concluyó que se cumplían los presupuestos legales para dejar sin efecto, desde el 06 de septiembre del 2025, las medidas cautelares que pesaban sobre Segovia Landaira; estos incluían el arresto domiciliario, prohibición de salir del país sin autorización judicial y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado.
No obstante, la resolución mantiene vigente el embargo preventivo decretado sobre un inmueble ubicado en Itauguá, por un monto de Gs. 500 millones, propiedad de Víctor Miguel Ángel Segovia Fleitas y Sandra Beatriz Landaira de Segovia. Este embargo seguirá hasta que el Juzgado de Ejecución Penal determine el cómputo definitivo de la pena.
El Tribunal también ordenó la expedición de compulsas del expediente y su remisión al Juzgado Especializado de Ejecución Penal. Esta decisión busca evitar que las personas procesadas permanezcan con medidas cautelares más allá del tiempo de pena establecido.
