El exdiputado Orlando Arévalo, a través de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, amplió la denuncia contra el juez Osmar Legal y solicita que sea investigado por los hechos de frustración de la persecución y ejecución penal, realización de un hecho por funcionarios, denuncia falsa y quebrantamiento del depósito.
Según los denunciantes, el juez habría intervenido de manera dolosa en la extracción de datos de un teléfono celular incautado durante un operativo judicial.
El hecho en cuestión gira en torno al caso del exdiputado Eulalio «Lalo» Gómez, quien falleció en un allanamiento en su domicilio en agosto del 2024. En diciembre de ese mismo año, el juez Legal Troche autorizó la extracción de información de dispositivos incautados, entre ellos el del exparlamentario. Sin embargo, la denuncia sostiene que el juez habría omitido informar a las partes sobre la recepción del soporte magnético con los datos extraídos, incumpliendo con los procedimientos establecidos.
Según el escrito presentado ante el Ministerio Público, el magistrado habría aprovechado la feria judicial para revisar el contenido de manera privada y seleccionar información de manera estratégica con fines que podrían ser extorsivos o políticos. Esta manipulación habría derivado en una denuncia presentada en febrero de 2025, en la que, de manera selectiva, se hicieron públicas ciertas conversaciones de Gomes para insinuar la comisión de delitos como tráfico de influencias.
La denuncia presentada señala que la filtración de estos datos a la prensa formaría parte de un plan más amplio para ocultar o invalidar pruebas que podrían afectar a personas cercanas al magistrado. Esto, según los denunciantes, compromete la validez de todo el proceso de extracción de datos, pues la omisión de ciertos pasos procesales ha generado una posible nulidad de la prueba.
En entrevistas con medios de comunicación, el juez Legal negó haber actuado fuera del marco legal y defendió la validez de la denuncia presentada. No obstante, sus declaraciones han levantado aún más sospechas, especialmente porque el soporte magnético con la información extraída aún no ha sido entregado a las partes involucradas en el caso, lo que refuerza la hipótesis de una posible manipulación de evidencias, según los denunciantes.
A medida que el caso avanza, se espera que el Ministerio Público determine si existen elementos suficientes para impulsar una acción penal contra el magistrado. De confirmarse las acusaciones, se trataría de un caso sin precedentes en el país, poniendo en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
