Un violento intento de asalto domiciliario en la madrugada de este martes en la ciudad de Fernando de la Mora dejó como saldo dos personas fallecidas; el propietario de la vivienda, un hombre de 70 años y uno de los asaltantes que participaban del ataque. El suceso aconteció alrededor de las 02:45 horas en una vivienda de la zona norte, donde se desató un intercambio de disparos tras el ingreso forzado de un grupo de al menos cuatro personas.
El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Lugo, confirmó que el joven abatido fue identificado como Emerson Giovanni Ruiz Acosta, de 20 años, alias “Pingüi”, quien presentaba un amplio historial delictivo y contaba con órdenes de captura vigentes por homicidio doloso, a pesar de haber quedado en libertad tiempo atrás. Fue el juzgado de garantías Nº 12 de la Capital el que resolvió conceder medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Según las primeras indagaciones, varios individuos llegaron a la vivienda y accedieron al interior por el techo. Al percatarse de ruidos extraños, el dueño de casa, portando un arma de fuego, salió en defensa de su propiedad y se produjo un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de ambos. En el lugar se incautaron dos armas de fuego: una perteneciente al propietario y otra que fue hallada junto al cuerpo del asaltante.
El joven fallecido había sido favorecido con libertad pese a contar con antecedentes graves y órdenes de captura, lo cual fue destacado por las autoridades como un aspecto preocupante del caso.
El 02 de septiembre del 2025, por pedido del fiscal Hernán Mendoza, la juez de Garantías Cynthia Lovera dictó el sobreseimiento provisional de Ruiz Acosta en un proceso por presunta tentativa de homicidio doloso contra una niña de seis años ocurrido en enero de ese año en el barrio San Cayetano de Asunción.
En esa decisión, la magistrada dejó sin efecto el arresto domiciliario que pesaba sobre el investigado y dispuso su libertad, tras valorarse pruebas técnicas como análisis de imágenes de circuito cerrado y pericias de nitritos y nitratos, que no habrían permitido acreditar con certeza la participación del imputado en el hecho investigado.
La decisión fue adoptada tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por la defensa técnica del imputado, que requirió la aplicación del arresto domiciliario. El abogado argumentó que Ruiz Acosta ya había cumplido anteriormente dicha medida sin registrarse incumplimientos y que la revocación previa se habría sustentado en una nueva causa que, según sostuvo, fue posteriormente desvirtuada mediante informes técnicos y resultados laboratoriales remitidos al Ministerio Público.
Durante la audiencia, la agente fiscal interviniente se ratificó en su requerimiento anterior, mediante el cual había solicitado la aplicación de una medida menos gravosa que la prisión preventiva. En igual sentido, la querella adhesiva manifestó su allanamiento a lo solicitado por la defensa, señalando además que existía una propuesta de acuerdo reparatorio, con el consentimiento expreso de la víctima presente en sede judicial.
El sobreseimiento provisional, que contemplaba la realización de hasta diez diligencias pendientes en un plazo máximo de tres años, fue otorgado dentro de los parámetros procesales, según lo explicitado por la Fiscalía en su requerimiento.
Este episodio volvió a poner en el centro del debate público la aplicación de medidas cautelares en casos de alta peligrosidad y antecedentes delictivos, en momentos en que la inseguridad continúa siendo una preocupación central en distintos barrios del Gran Asunción.
