Atilio Estigarribia, en su carácter de presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, denunció a los jueces de Concepción, Mateo Amarilla Noceda y Ana de Jesús Martínez de Cabañas por mal despeño de funciones, intervinientes en el expediente caratulado “Julián Cáceres Villalba contra La Industrial y Comercial San José S. A y responsable del Hotel Francés sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos labores e indemnización de daños y perjuicios.
Según la denuncia, los mencionados magistrados incurrieron en errores procesales para la suspensión de una subasta que se realizó en Concepción, que rayaría el hecho de prevaricato. Es así que en la demanda mencionada, tiene como parte demandada a la firma La Industrial y Comercial San José S. A y/o responsable El Hotel Francés y si bien su representante convencional, el abogado Missel Alcibiades Díaz si bien solicitó la suspensión de la subasta, la condición para dicha suspensión debía de cumplirse con todos los artículos que dice la ley, que corresponde al depósito de la media comisión, pero que se debe de tomar en cuenta un monto provisional con respecto a los gastos de publicación, ya que el martillero público designado de nombre Diego Armando Insaurralde posee la factura pertinente emitida por el Editorial El País S. A, correspondiente al Diario Última Hora, donde claramente se halla dispuesta que el monto a pagar es de G. 19 millones y no la simple suma de G. 9 millones como para suspender una subasta. Afirman que los rematadores públicos firman por cada pagaré por cada edicto de toda subasta.
Manifiesta el escrito que, con estas condiciones, el rematador público designado Diego Insaurralde no estaba en condiciones de suspender la subasta.
Se tiene que los magistrados fueron advertidos que, al depositar dicho monto, en este caso G. 9 millones, no podía ser tomado como la suspender el remate judicial, por lo que se procedió con los trámites normales para la realización de la subasta.
Según el presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia fue el juez Mateo Amarilla quien resolvió suspender la subasta sin cumplir con los requisitos para la suspensión, que es la de pagar en su totalidad la publicación del remate judicial, en este caso G. 19 millones. Mientras que la jueza Ana de Jesús Martínez, titular del juzgado, no quiso firmar la aprobación de la subasta.
