Un conjunto de gremios del ámbito judicial anunció que solicitará formalmente al Congreso Nacional la postergación del estudio del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de profundizar el análisis de las modificaciones propuestas y garantizar la participación de los sectores directamente afectados.
La postura fue dada a conocer tras una primera reunión celebrada al inicio del año judicial, de la que participaron representantes de la Asociación de Jueces del Paraguay, la Asociación de Magistrados Judiciales y la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay, quienes expresaron su disconformidad con la celeridad con la que el proyecto está siendo tratado en el Parlamento.
Según informaron, este mismo día será remitida una nota a la Cámara de Diputados solicitando que el proyecto no sea incluido en el orden del día, al tiempo de requerir una reunión con el Ministerio de Economía para abordar el tema de manera técnica y participativa. Asimismo, se prevé una asamblea general para el día siguiente, con la participación de todas las asociaciones del sector, a fin de socializar la situación y consensuar una propuesta común que pueda ser elevada tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo.
El juez de Sentencia Carlos Hermosilla explicó que la preocupación central de los gremios radica en el impacto del déficit de la Caja Fiscal y en la necesidad de un debate amplio que involucre a todos los actores. Señaló que se trata de una cuestión transversal que afecta no solo a los operadores del sistema de justicia, sino también a sus familias y que no puede ser abordada sin instancias previas de diálogo.
En ese sentido, cuestionó que el anteproyecto haya sido presentado entre fines de diciembre y que las audiencias públicas se hayan fijado durante el mes de enero, periodo en el que rige la feria judicial y gran parte del funcionariado público se encuentra de vacaciones, lo que, a criterio de los gremios, dificulta una participación efectiva.
Por su parte, el camarista laboral Jorge Barbosa sostuvo que los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa Pública no se oponen a una eventual reforma de la Caja Fiscal, pero sí reclaman diálogo social, transparencia y respeto a los derechos adquiridos. Enfatizó que la jubilación constituye un derecho fundamental que incide directamente en la dignidad y en la seguridad económica de los trabajadores públicos.
Los gremios coincidieron en que la suspensión del tratamiento legislativo permitiría analizar con mayor rigor la situación financiera de la Caja Fiscal, determinar la real incidencia de cada sector en el déficit y construir una propuesta equilibrada, que contemple la sostenibilidad del sistema sin afectar derechos laborales consolidados.
Finalmente, remarcaron que el pedido de postergación no busca obstaculizar el proceso legislativo, sino propiciar un debate amplio y participativo, conforme a los principios constitucionales, con la intervención del Ministerio de Economía, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los sectores involucrados.
