El juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel Villalba, fijó para el 21 de agosto de 2026, a las 08:45, la audiencia preliminar en la causa por la presunta estafa de USD 1.600.000 a colonos menonitas mediante la supuesta venta fraudulenta de tierras.
La diligencia fue convocada conforme al artículo 352 del Código Procesal Penal, con apercibimiento de aplicar medidas disciplinarias en caso de incomparecencia injustificada de las partes.
La acusación fue presentada en noviembre del 2025 por los fiscales José Godoy y Carlomagno contra Willian Bogarín Campuzano, Ilse Paredes y José Ljubetic, por supuesta estafa y producción de documentos públicos de contenido falso.
Los mismos están sindicados de formar parte de un esquema de estafa agravada que se habría extendido durante siete años, desde el 2017 hasta el 2024, afectando a los empresarios menonitas Bernardo y Hernan Friesen Neufeld, quienes habrían sido despojados de 1.600.000 de dólares americanos bajo la promesa de adquirir 8.000 hectáreas en el Chaco.
Según la acusación los hechos se remontan al año 2017, cuando Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Ganándose la confianza de los inversionistas, primero desaconsejó la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores. Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar para ellos la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al INDERT, ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.
Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico”, integrado por los abogados Bogarín y Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso, utilizados para sostener el engaño. Según la imputación, promovieron incluso juicios de interdicto de recobrar la posesión con hechos inventados, afirmando que los Friesen habrían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron posesión de los mismos.
Los documentos presentados por los acusados, incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al INDERT y supuestas resoluciones judiciales, mantenían a las víctimas en expectativa constante. Se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.
Los peritajes incorporados al expediente que refuerzan la hipótesis fiscal consisten en una pericia caligráfica que confirmó que las firmas en los recibos de dinero pertenecen a Ljubetic; la pericia informática halló comunicaciones que corroboran la narración de las víctimas además de la pericia de georreferenciamiento que determinó que las coordenadas presentadas por los acusados se superponen con propiedades privadas, actualmente pertenecientes a FINCALIS S.A., lo que evidencia la imposibilidad de adjudicación.
También fueron incorporados informes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) que descartan la existencia de expedientes válidos que respalden las gestiones prometidas. Además de ello, la propia Corte Suprema de Justicia informó que Ljubetic no está registrado como abogado, pese a presentarse como tal.
En total, la familia Friesen realizó pagos fraccionados que suman 1.600.000 dólares, según recibos firmados por Ljubetic, además de otros desembolsos destinados a “honorarios”, “mensuras”, “gastos administrativos” y supuestas obras dentro de los inmuebles inexistentes.
