El fiscal Néstor Coronel brindó detalles en una entrevista con PDS Radio acerca de la reciente imputación presentada contra la jueza Isabel Bracho y la exfiscal Egidia Gómez, en una causa que involucra sospechas de presunto cobro de dinero para favorecer a un imputado por narcotráfico.
Según explicó el representante del Ministerio Público, la imputación se sustenta en una “línea de tiempo coherente y concatenada” que surge del análisis de audios provenientes de otra investigación, así como del estudio del expediente judicial y diversas diligencias fiscales.
Coronel señaló que la investigación permitió detectar elementos que sugieren que una de las imputadas habría recibido USD 50 mil, además de la promesa de recibir sumas adicionales, a cambio de dictar resoluciones judiciales que beneficiaran a un presunto narcotraficante. El fiscal enfatizó que esta sospecha constituye la base fáctica de la imputación ya presentada ante el Tribunal de Galindo.
El agente fiscal también abordó la situación de la médica forense Ana Alfonso, quien presuntamente habría emitido un dictamen médico falso en el marco del mismo proceso. Coronel aclaró que la profesional se encuentra procesada en un juicio oral y público en una causa aparte, lo que explica por qué su imputación no fue incluida en este expediente específico.
Consultado sobre la resolución de la juez Bracho que ordenó la extracción de datos de un teléfono celular cuando supuestamente ya se sabía que no contenía información relevante, Coronel explicó que todas las sospechas derivan de la secuencia temporal documentada en audios y actuaciones procesales. Esa sucesión de hechos, dijo, es la que genera el cuadro indiciario que el Ministerio Público considera grave y consistente.
El fiscal también aclaró que varias de las maniobras detectadas, incluidas recusaciones y resoluciones cuestionadas, forman parte del conjunto de sospechas que dieron lugar a la imputación. Señaló que todo el “bagaje procesal” observado sugiere una relación directa con el monto que habría sido entregado, afirmando que “todo tiene un precio”, en referencia al presunto soborno.
Coronel confirmó además que el caso ya fue remitido al juez competente, con solicitud de medidas cautelares y el pedido de desafuero correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en lo que respecta a la magistrada imputada.
El fiscal recordó que en el juicio oral seguido al presunto narcotraficante Walter Galindo ya se probó que este habría sobornado a autoridades judiciales. Tras dictarse la sentencia, la Fiscalía solicitará la copia íntegra del fallo para anexarla como otro elemento relevante de análisis dentro de la causa contra Bracho y Gómez.
Finalmente, Coronel expresó que el Ministerio Público ha solicitado medidas alternativas a la prisión y continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso, en un proceso que calificó como extremadamente sensible por la gravedad de las sospechas y por el nivel de los funcionarios presuntamente involucrados.
