Esta mañana continúa con la etapa de réplica fiscal en el juicio oral y público seguido a excomisarios de la Policía durante la dictadura stronista, acusados por crímenes de lesa humanidad. En esta fase, la fiscal Sonia Sanguinés sostuvo su pedido de condena contra Eusebio Torres, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, señalando la gravedad y sistematicidad de los hechos atribuidos.
Para Torres y Laspina, solicitó la condena de 30 años de pena privativa de libertad, con la aclaración de que uno de ellos ya cuenta con una condena firme, mientras que para Alcaraz requirió 25 años de prisión. El juicio es llevado adelante por el Tribunal presidido por el juez Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosilla, quien participa de manera telemática y Juan Pablo Mendoza.
La causa se origina en la acusación presentada en diciembre del año 2017 por la entonces fiscal Liliana Zayas contra nueve exfuncionarios policiales del régimen, algunos de los cuales fallecieron durante el transcurso del proceso. La investigación se centra en hechos ocurridos en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, identificado como uno de los principales centros de represión política de la época.
De acuerdo con el expediente judicial, las víctimas habrían sido sometidas a torturas físicas y psicológicas bajo un esquema de persecución sistemática contra opositores políticos. Entre los casos documentados figura el del ciudadano Domingo Rolón, quien, según la acusación, fue objeto de golpes reiterados, métodos de asfixia y prácticas degradantes, además de amenazas contra su vida y la de sus familiares.
Los registros también describen condiciones de detención inhumanas, con privación de higiene, descanso y alimentación adecuada, así como el aislamiento en celdas insalubres.
El proceso busca determinar la responsabilidad penal individual de los acusados por hechos calificados como crímenes de lesa humanidad, considerados imprescriptibles conforme al derecho internacional. La continuidad del juicio es presentada por las partes como un paso relevante en el esfuerzo institucional por esclarecer los abusos cometidos durante la dictadura y avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
