El juicio oral y público contra la actuaria judicial Juliana Romero Maciel avanza en la etapa de producción de pruebas documentales, en el marco de una causa que investiga la presunta manipulación de un expediente vinculado a Ramón González Daher.
El proceso es llevado adelante por un Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, mientras que la acusación es sostenida por la fiscal Ruth Benítez.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la funcionaria habría modificado datos del expediente judicial en el sistema informático del Poder Judicial, con el objetivo de provocar su extravío digital y, de esa manera, obstaculizar el desarrollo de un juicio relacionado con el hurto de cheques atribuido a González Daher.
La investigación se inició en agosto del año 2023, luego de que se detectara la desaparición del expediente “Ramón González Daher s/ testimonio falso” del sistema judicial. Paradójicamente, fue la propia Romero Maciel quien inicialmente denunció un supuesto acceso indebido a su usuario informático por parte de terceros.
Sin embargo, las pesquisas y los registros informáticos llevaron a sospechar que la funcionaria habría utilizado su propio acceso para realizar modificaciones en el sistema, alterando datos como el número de causa y la carátula del expediente, lo que permitió que quedara oculto temporalmente.
La acusación sostiene que Romero Maciel habría actuado aprovechando las facultades que le otorgaba su perfil dentro del sistema judicial, con el que podía modificar información sensible de los expedientes. Entre los hechos atribuidos se encuentran delitos como acceso indebido a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible y frustración de la persecución penal.
Además, según testimonios producidos en juicio, la acusada no solo habría alterado registros digitales, sino que también habría realizado maniobras para hacer desaparecer el expediente físico, incluyendo el retiro del documento del juzgado con ayuda de terceros.
La Fiscalía también sostiene que las modificaciones se realizaron en fecha 16 de agosto del año 2023 desde el usuario asignado a la funcionaria, coincidiendo con sus registros de ingreso y salida del sistema, lo que refuerza la hipótesis de su participación directa.
El juicio oral se inició en marzo de este año, luego de que el Tribunal rechazara incidentes planteados por la defensa, como nulidades de la acusación y de algunas pruebas. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales, una fase clave para la incorporación de registros informáticos, informes periciales y documentación administrativa que sustenta la teoría del caso del Ministerio Público.
El avance del juicio permitirá determinar si existió una manipulación deliberada del expediente con el fin de entorpecer el proceso penal contra González Daher.
