Prosiguió este martes el juicio oral y público al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por el Ministerio Público por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado, en el marco de presuntos vínculos con el ciudadano brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Durante la jornada, declaró como testigo Carlos López Joubert, quien se desempeñaba como comandante de las fuerzas especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). El testigo refirió que participó en una exhibición de chalecos antibalas, ocasión en la que observó la presencia de Espíndola, a quien dijo haber identificado posteriormente a través de publicaciones periodísticas.
El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar la causa está integrado por las magistradas Adriana Planás y Yolanda Morel, junto con el juez Matías Garcete, quienes continúan con la recepción de pruebas testimoniales en esta etapa del proceso.
De acuerdo con la acusación fiscal, Giuzzio habría mantenido contacto personal y comunicación directa con Espíndola entre julio del 2021 y febrero del 2022, periodo en el que ejercía como titular del Ministerio del Interior. El empresario brasileño, según la hipótesis del Ministerio Público, se encontraba vinculado a las firmas Black Eagle Group S.A. y OMBU S.A., dedicadas a actividades como blindaje vehicular, mantenimiento de unidades blindadas y provisión de materiales de seguridad.
La investigación sostiene que Espíndola habría tenido interés en proveer chalecos antibalas y vehículos blindados a instituciones estatales, particularmente al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional y que en ese contexto se habría generado una relación cercana con el entonces ministro.
En ese marco, la acusación refiere que Giuzzio habría aceptado beneficios indebidos, entre ellos el blindaje de un vehículo policial en carácter de “cortesía” y el préstamo gratuito de un automóvil para uso personal y familiar durante un viaje privado en Brasil.
El juicio continuará con la producción de más pruebas testimoniales y documentales, mientras el Tribunal deberá valorar los elementos presentados por las partes antes de emitir una resolución sobre la responsabilidad penal del acusado.
