El juez de garantías Miguel Palacios libró exhorto internacional a Colombia para solicitar la extradición de Nencer Alfonso Ramírez Lozano, investigado en Paraguay por su presunta vinculación con una estructura criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos en el denominado caso Berilo.
La solicitud fue promovida a partir del requerimiento fiscal presentado por la agente Lorena Ledesma, quien pidió formalmente la activación del mecanismo de cooperación internacional tras confirmarse la detención preventiva del requerido el 08 de enero del 2026 en el municipio de Purificación, departamento de Tolima.
En el exhorto, el juzgado requirió a las autoridades colombianas que se mantenga la medida de prisión preventiva con fines de extradición y que, en caso de concederse la entrega, se comunique oficialmente la decisión para coordinar el traslado del procesado a territorio paraguayo, conforme a los procedimientos diplomáticos y judiciales vigentes.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el ciudadano colombiano cuenta con orden de captura nacional e internacional y fue declarado en rebeldía ya en el año 2018, tras no someterse al proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de activos.
La investigación se enmarca en la causa seguida contra la presunta organización liderada por Reinaldo Javier Cabaña Santacruz alias «Cucho», en la que el requerido habría desempeñado funciones vinculadas al ocultamiento de capitales mediante la firma Neos Import Export S.A., según la hipótesis del Ministerio Público sustentada en documentos, intervenciones telefónicas y otros elementos colectados durante la etapa investigativa.
El exhorto invoca normas del Código Procesal Penal paraguayo, la legislación antidrogas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, instrumento internacional que prevé la cooperación y extradición entre Estados parte para la persecución de estos delitos.
Con la remisión del pedido, el trámite queda ahora sujeto al análisis de las autoridades judiciales colombianas, que deberán resolver si corresponde conceder la extradición conforme a su normativa interna y a los compromisos internacionales asumidos.
