Este miércoles la jueza Penal de Garantías Alicia Pedrozo resolvió elevar a juicio oral y público el proceso abierto contra el exintendente de la comuna capitalina, Mario Ferreiro y otras 6 personas acusadas de cometer varios hechos punibles en la causa conocida como “caja parelela”, un esquema que les permitía recaudar fondos de manera paralela, mediante el cual se causó un perjuicio patrimonial de más de G. 1600 millones a la municipalidad de Asunción.
Los hechos punibles atribuidos al Ferreiro son coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión, en tanto que Carlos Mancuello, Víctor Ocampos fueron acusados lo los delitos de lesión de confianza y tráfico de influencias.
En tanto que Aureliano Servían, exdirector de Recursos Humanos y la exdiputada Rocío Casco están acusados por coacción, coacción grave y tráfico de influencias. En el caso de Fernando y Roberto Ferreiro (sobrinos de Mario Ferreiro) se les atribuye la comisión del hecho punible de tráfico de influencias.
El Ministerio Público había recibido en su oportunidad las peticiones de suspensión condicional del procedimiento y el criterio de oportunidad por parte de la defensa de dos de los acusados. La fiscal refirió que cualquiera de las dos salidas procesales requiere la reparación integral del daño a la víctima, es decir municipalidad de Asunción, pero que finalmente no se pudo concretar, ya que los acusados no ofrecieron la totalidad de la reparación del daño.
Indicó que una de las pruebas más contundentes con la que cuenta la fiscalía es la declaración de la víctima, el señor Alfredo Guachiré quien relata en forma pormenorizada todo lo acontecido en una visita recibida en su domicilio por parte de Rocío Casco y Aureliano Servín, el cual fue grabado por parte de la víctima, acotó que dicho audio pudo ser reproducido durante la audiencia preliminar por problemas técnicos.
Además, señala que otro medio de prueba consiste en el informe proveído por la propia municipalidad de Asunción, en el que se recabó toda la información referente a un cheque que había sido abonado a la empresa OchoA por pinturas y señalizaciones de asfalto, sin embargo, las carpetas de pago no contienen la acreditación de que los trabajos hayan sido realizados porque la gestión del pago de esos cheques ha sido considerado como un daño patrimonial al no contar con la contraprestación de que haya podido ser verificada.
El hecho se dio a conocer tras la publicación de capturas de pantalla del servicio de mensajería Telegram denominado “Grupo Asado de Fin de Semana”, mensajes de los cuales se desprenden elementos que se hallan detallados en el escrito de acusación y en que en sus partes principales involucran a 2 sobrinos del entonces intendente Ferreiro, los señores Roberto y Fernando Ferreiro quienes según se desprenden de los mensajes sin formar parte de la institución municipal se involucraron activamente como intermediarios de operaciones irregulares.
La acusación fiscal señala que los cobros que eran gestionados en la comuna y lo hacían con la participación de Marcelo Mancuello entonces jefe de gabinete quien a su vez contaba con la participación de su secretario, el funcionario Victor Ocampos pudiendo determinarse concretamente, a través de los datos así obtenidos el pago de la suma de G.1.611.710.511 consignado en una hoja de cheque de la Municipalidad a la orden de la Empresa OchoA S.A.
