El abogado Rafael Fernández, en representación de la CAJUBI presentó un escrito denunciando una denuncia formal por posibles actos delictuales en el sistema informático sin conocimiento del juzgado de garantías para tratar de favorecer a personas procesadas que continúan prófugas de la justicia. Es con relación a la causa contra Marcelo Barone y su esposa por presunto lavado de dinero.
En el escrito presentado por el letrado se señala que la causa ya se encuentra digitalizada por lo que continuamente realizan los controles de manera digital, pero de manera llamativa desde hace dos semanas ya no tuvieron acceso a la causa y figuraba que la misma fue transferida, sin embargo, la querella no fue notificada de ello. Refirió que no existe motivo alguno para que la causa sea transferida a otro juzgado, teniendo en cuenta que es una derivación de la causa caratulada como “Víctor Bogado Núñez y otros s/ lesión de confianza” donde los exdirectivos ya fueron juzgados y condenados mediante un juicio oral y público.
“Esta situación de posibles actos delictuales se está agravando porque también llegó a mi conocimiento que los abogados del delincuente prófugo presentaron un hábeas corpus para tratar de darle algún sustento a la corrupción y la impunidad que se está organizando, pero sin conocimiento de este juzgado de garantías ni de la querella adhesiva, por lo cual solicitamos la urgente intervención del juzgado y la auditoría del sistema informático” refiere el abogado en su denuncia.
En el año 2018 se llevó a cabo la audiencia de extradición realizada en la ciudad de Londres, Inglaterra. En la ocasión, se leyeron las Sentencias a través de las cuales la justicia británica concedió el pedido de extradición de Marcelo Barone y Elizabel Vázquez, a fin de que sus conductas sean juzgadas por un Tribunal de Sentencia paraguayo.
Esta diligencia se realizó el marco de la investigación, que involucraría a la pareja que habría remesado, en complicidad con los exdirectivos de la Caja de Jubilados de Itaipú Binacional (CAJUBI) en el año 2007, unos 35 millones de dólares americanos para inversiones en la firma Euroinvest, perteneciente a Barone y Vázquez. Esta empresa fue creada presuntamente para captar dinero de inversionistas dueños de inmobiliarias en Miami, Estados Unidos.
