La Cámara de Apelaciones en lo penal, segunda sala, resolvió anular la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia que absolvió a los involucrados en la causa sobre lesión de confianza conocida como San Agustín y ordenó la realización de un nuevo juicio oral.
Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, en la sesión deliberativa de la fecha, decidieron anular la sentencia dictada por el Tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Fabian Weinsensee y Laura Ocampo que absolvió a Pedro Milciades Duré, Mario Echeverría y Justo César Gamarra.
Delio Vera Navarro argumentó que el Tribunal de Sentencia no ha realizado una valoración conjunta, armónica e integral de las pruebas producidas durante el juicio, a la luz de las reglas de la sana crítica. Por lo que la resolución definitiva impugnada se adolece de vicios que la tornan nula, con respeto a los medios probatoritos que fueron producidos en juicio, así como no han fundamentado fehacientemente los motivos por los cuales han tomado en cuenta algunos medios de prueba por sobre otros existiendo diferencias en los mismos.
Por su parte, la miembro Bibiana Benítez indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta los testimonios de varios profesionales que explicaron que la tierra en cuestión no es apta para la agricultura debido a su mala condición.
“Se nota que el Tribunal de Sentencia no ha valorado los elementos de prueba, bajo la sana crítica racional a la que se debe, pues con las declaraciones testimoniales antes descriptas, las cuales provienen de profesionales entendidos en el asunto, se puede concluir que las tierras afectadas en la presente causa, no son aptas para cubrir las necesidades de los beneficiarios”, sentenció.
Ante estas cuestiones, la Cámara resolvió anular la sentencia y ordenó el reenvío a otro tribunal para que se vuelva a realizar el juicio oral y público.
En el caso fueron acusados por compra irregular de 5.742 hectáreas de tierra de la firma San Agustín, Milciades Duré, Víctor Blanco, Mario Echeverría y Justo Gamarra. La compra se concretó en el 2013 por G. 60. 294.298.050, durante el periodo de Gobierno de Federico Franco, y la tierra debía ser destinada a la agricultura familiar campesina, pero el resultado de un estudio demostró que no era apta para ese fin.
En el 2013, Víctor Blanco y Mario Echeverría eran peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mientras que Justo Gamarra y Pedro Milciades Duré se desempeñaban como consejeros del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Cabe resaltar que el extitular del INDERT, Luis Ortigoza, se encuentra en Rebeldía y cuenta con orden de captura.
