El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado Primera Sala rechazó la recusación promovida por Julio César Martínez Isasi contra las juezas Ana Rodríguez, Karina Jazmín Cáceres y Yolanda Morel, integrantes del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que tiene a su cargo el juicio oral por el supuesto hecho punible de prevaricato atribuido al juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez y dos procesados más.
La recusación fue presentada por Martínez Isasi, quien alegó que el Tribunal de Sentencia había perdido imparcialidad tras advertir durante el juicio una posible ampliación de la calificación jurídica conforme al artículo 400 del Código Procesal Penal. Además, sostuvo que existía una supuesta condena mediática y una inclinación de las juezas a favor de la víctima. Sin embargo, el Tribunal de Apelación concluyó que esos argumentos carecen de respaldo jurídico y probatorio, señalando que la advertencia realizada por las magistradas se ajustó a la normativa procesal y tuvo como finalidad garantizar el derecho a la defensa.
Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana y Claudia Criscioni Luraghi ordenaron la remisión del expediente al juzgado de origen e impuso las costas en el orden causado.
La causa tiene como principal acusado al juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez. La acusación, formulada en su momento por la entonces fiscala de Delitos Económicos Natalia Cacavelos, hoy jueza penal de sentencia, sostiene que el magistrado incurrió en prevaricato al dar trámite a una acción preparatoria de juicio ejecutivo sin que se encontraran reunidos los presupuestos legales para ello.
En el mismo proceso también están acusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez Gómez. Ambos enfrentan cargos por supuesta apropiación y, además, como cómplices del presunto prevaricato atribuido al exjuez. Inicialmente las causas fueron tramitadas por separado, pero posteriormente se dispuso su acumulación para el desarrollo de un único juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación, el 8 de noviembre de 2021, en la causa «Julio César Martínez Isasi c/ Reinaldo Benítez Gómez s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo», Francisco Goiburú dictó la providencia que dio inicio a la acción basándose en un recibo de dinero por G. 24.500.000, fechado el 13 de agosto de 2021. Posteriormente, mediante el Auto Interlocutorio N.º 207 del 16 de noviembre de 2021, hizo efectivo el apercibimiento contra el demandado, tuvo por iniciado el juicio ejecutivo, decretó el embargo de bienes, ordenó la intimación de pago y el secuestro de un camión Mercedes Benz modelo 814, año 1997, que se encontraba en poder de Rodolfo Vega, disponiendo además su entrega al demandante Julio César Martínez Isasi como depositario judicial, sin que, según el Ministerio Público, estuviera debidamente justificada la procedencia y pertinencia de la acción.
