Un Tribunal de Apelación Penal confirmó la resolución que ordenó el traslado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes, a la cárcel de máxima seguridad de Emboscada. El juez Osmar Legal había ordenado su traslado a dicha prisión tras publicaciones sobre chats que lo vincularían al crimen del fiscal asesinado Marcelo Pecci.
El fallo refiere que tanto el órgano administrativo, a través del Ministerio de Justicia, como el judicial tienen las atribuciones de decidir el lugar de reclusión de los internos y, en el caso particular, el juzgado fundamentó de manera correcta los motivos por los cuales ordenó el traslado del interno.
La defensa argumentó que el traslado vulneraba derechos fundamentales de Rodrigues Gomes y cuestionó la falta de fundamentos suficientes en la providencia emitida el 09 de octubre del 2025. Según el abogado, no existían elementos verificables que justificaran una medida tan severa como el envío a un penal de máxima seguridad, más aún si la decisión se sustentaba en publicaciones periodísticas no corroboradas.
Sin embargo, los camaristas señalaron que la resolución impugnada se ajusta a lo previsto en el Código Procesal Penal (CPP) y en el Código de Ejecución Penal (CEP), que facultan a los jueces a determinar el lugar de reclusión de los imputados mientras dure la prisión preventiva. El Tribunal explicó que tanto el Ministerio de Justicia como el Poder Judicial cuentan con competencias para decidir sobre traslados penitenciarios, considerando la seguridad, el perfil del recluso y las necesidades del proceso penal.
Asimismo, los miembros del Tribunal de Apelación concluyeron que el juez de garantías actuó conforme a derecho y fundamentó adecuadamente su decisión, por lo que resolvieron declarar admisible el recurso de apelación, pero rechazarlo en cuanto al fondo, ratificando en todas sus partes la providencia cuestionada. Las costas procesales fueron impuestas en el orden causado.
Con esta determinación, se mantiene vigente el traslado de Alexandre Rodrigues Gomes al Centro de Reinserción Social de Emboscada bajo régimen especial, mientras continúa el proceso penal en su contra por hechos vinculados a la Ley 1881/2002, que sanciona delitos relacionados al narcotráfico y crimen organizado.
