El Tribunal de Apelación Penal resolvió, por mayoría, confirmar el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas en la causa en la que fue acusado de producir y utilizar documentos públicos de contenido falso para ejercer como abogado sin haber cursado la carrera de Derecho.
La decisión fue adoptada por los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, quienes coincidieron en que no se acreditó de manera suficiente la falsedad del documento cuya utilización se le atribuía al legislador, lo que, a su criterio, impedía la configuración del tipo penal.
En su análisis, los camaristas sostuvieron que, si bien los delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso son autónomos desde el punto de vista normativo, en la práctica el segundo depende necesariamente de la existencia comprobada de un documento falso. Bajo esta interpretación, concluyeron que, al no haberse demostrado dicho extremo, la imputación por uso carecía de sustento jurídico suficiente para sostener un eventual juicio oral.
Asimismo, el Tribunal ratificó que la acción penal respecto a la producción mediata de documentos públicos de contenido falso se encontraba prescripta, lo que, en la práctica, terminó por cerrar cualquier posibilidad de profundizar la investigación sobre el origen del documento cuestionado. Esta circunstancia fue determinante para consolidar el sobreseimiento, al eliminar uno de los pilares sobre los que se estructuraba la acusación fiscal, según los miembros de la Alzada.
La decisión reaviva el debate sobre los límites del control de los tribunales de alzada en etapas preliminares del proceso penal, especialmente cuando se trata de causas de alto interés público. En este caso, la confirmación del sobreseimiento no solo cierra el proceso contra el legislador, sino que impide que se diluciden en juicio aspectos centrales de la acusación, lo que, podría afectar la percepción de transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia.
Por su parte, el camarista José Agustín Fernández votó en disidencia, al considerar que el recurso de apelación debía ser declarado inadmisible, lo que evidencia la falta de unanimidad en el análisis jurídico del caso. Esta divergencia interna refuerza la idea de que la causa presentaba aristas complejas que ameritaban un tratamiento más exhaustivo en instancias posteriores del proceso.
