El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos Primera Sala rechazó dar trámite a la apelación general interpuesta por el intendente de CDE, Miguel Prieto, contra el fallo que confirmó al juez penal de Garantías Humberto Otazú en la causa «Tajy», lo que permitirá fijar nueva fecha de audiencia preliminar. Por mayoría, la Cámara ratificó que la confirmación de magistrados es una resolución irrecurrible.
La Dra. Claudia Criscioni, preopinante, advirtió que el procesado planteó una apelación general contra el AI N° 138 del 29/05/2026 que rechazó la recusación planteada por el recurrente contra el Juez Humberto Otazu, fallo que es irrecurrible conforme lo dispone el artículo 39, inciso 3 CPP, pues no está prevista la competencia de la Sala Penal respecto para resolver la recusación de un Juez o Tribunal de Primera Instancia.
Con respecto al segundo punto del recurso, que atacaba la convocatoria a audiencia disciplinaria, la magistrada votó por remitir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin correr traslado a la Fiscalía debido a que el Ministerio Público no es parte en los procesos de sanción disciplinaria.
Por su parte, el camarista Gustavo Amarilla sostuvo que, en coherencia con su postura en casos similares, vota por remitir a la Sala Penal para su estudio, a los efectos de comprobar nuevamente sobre la posible irrecurribilidad de estas decisiones, lo que establecería una jurisprudencia constante.
La camarista Silvana Luraghi se adhirió a la postura de la Dra. Criscioni.
El Tribunal de Apelación ordenó remitir las copias correspondientes al juzgado del magistrado Humberto Otazú a los efectos de que continúe con la tramitación regular de la causa penal y la audiencia disciplinaria.
La causa conocida como “Caso Tajy” investiga presuntas irregularidades administrativas que habrían ocasionado un supuesto perjuicio patrimonial cercano a Gs. 306 millones durante la gestión de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este.
