El camarista Camilo Torres expuso una postura crítica sobre el enfoque punitivo en el sistema penal juvenil paraguayo y defendió la necesidad de fortalecer la justicia restaurativa como alternativa orientada a la reinserción social y la prevención del delito.
Durante una entrevista en PDS Radio, el camarista manifestó su preocupación por las propuestas de aumento de penas para adolescentes en conflicto con la ley penal, calificándolas como una respuesta simplificada a problemas estructurales más profundos. En ese sentido, sostuvo que el incremento de sanciones no garantiza una disminución de la criminalidad ni una efectiva rehabilitación.
Torres explicó que el derecho penal juvenil se caracteriza por una responsabilidad atenuada, basada no solo en la edad —entre 14 y 17 años— sino también en la madurez psicosocial del adolescente. Este enfoque, indicó, exige la intervención de equipos interdisciplinarios y la aplicación de medidas socioeducativas orientadas a interrumpir trayectorias delictivas.
El camarista advirtió que el sistema presenta importantes limitaciones estructurales, como la falta de operadores especializados en el Ministerio Público y la Defensa Pública, así como deficiencias en la implementación y control de las medidas socioeducativas. A su criterio, estas falencias dificultan el cumplimiento del objetivo central del sistema: la reinserción efectiva.
Asimismo, cuestionó el uso del derecho penal como respuesta primaria frente a problemáticas sociales complejas, como la exclusión educativa, la pobreza o el consumo de sustancias. Señaló que muchos adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de alta vulnerabilidad, lo que evidencia —según afirmó— una respuesta estatal tardía centrada en la sanción y no en la prevención.
En ese marco, destacó el valor de la justicia restaurativa, a la que definió como un “tercer paradigma” dentro del sistema penal juvenil. Este modelo prioriza la reparación del daño, la participación activa de la víctima y la responsabilización del infractor, por encima de la imposición de castigos.
El magistrado explicó que la justicia restaurativa permite soluciones como la conciliación, el pedido de disculpas o trabajos comunitarios, adaptados a la realidad del adolescente. Según indicó, experiencias previas en su aplicación han mostrado niveles bajos de reincidencia, lo que refuerza su eficacia como herramienta de política criminal.
Torres también subrayó la necesidad de fortalecer los centros educativos para adolescentes en conflicto con la ley, promoviendo modelos de semilibertad y estructuras diferenciadas que eviten la reproducción de dinámicas carcelarias. En esa línea, consideró clave la articulación con políticas públicas en educación, salud y asistencia social.
Finalmente, el camarista insistió en que el debate sobre seguridad y justicia juvenil debe basarse en datos y evidencia, evitando respuestas impulsadas por casos aislados o presiones coyunturales. A su juicio, el desafío principal radica en construir un sistema que combine prevención, especialización y respeto a los derechos del niño.
