Más de un mes después de que la causa contra la jueza de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta Céspedes, imputada por presuntamente utilizar documentos académicos falsos para concursos en el Consejo de la Magistratura, llegara al Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, el camarista José Waldir Servín Bernal se excusó de intervenir, al revelar que mantiene una relación de amistad y familiaridad con la magistrada procesada.
El expediente fue recibido por la Alzada el 24 de junio, para resolver la apelación subsidiaria promovida por la defensa contra la providencia que fijó la audiencia de imposición de medidas. Sin embargo, recién el 3 de agosto, Servín Bernal formalizó su apartamiento de la causa.
En su excusación, el camarista explicó que Peralta Céspedes fue alumna suya y que, a partir de esa relación, surgió entre ambos un vínculo de amistad que continúa incluso en el ámbito familiar. Reconoció que esta circunstancia podría generar “dudas razonables” sobre su imparcialidad, por lo que consideró prudente apartarse.
La causa permanece pendiente ante la Tercera Sala, luego de que el juez Francisco Acevedo rechazara la reposición planteada por la defensa de Peralta Céspedes y concediera la apelación subsidiaria. La Alzada deberá integrarse con otro camarista para continuar con el estudio del recurso.
La magistrada está imputada por producción de documentos no auténticos. Entre los procesados se encuentran la exactuaria judicial de Curuguaty Schirley Irala, el asistente fiscal de Coronel Oviedo Fredy Rolón y el exmagistrado Mario Brítez. Asimismo, fue imputado como cómplice un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura, mientras que un funcionario de la Escuela Judicial fue señalado como presunto instigador.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los investigados habrían utilizado copias adulteradas de certificados académicos, constancias de formación continua y documentos de especialización con el propósito de obtener mayores puntajes en los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura y así mejorar sus posibilidades de integrar ternas para los cargos de jueces, fiscales y defensores públicos.
Uno de los documentos cuestionados sería un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal expedido por la Universidad Privada del Este, originalmente otorgado a otra profesional y posteriormente modificado con los datos personales de distintos postulantes.
