Mirian Marlene Fernández, abogada de los camioneros Julio Cesar Solaeche, Juan Friedenlib González y Vicente Medina Duarte, interpuso un recurso de apelación general contra la resolución del juez Penal de Garantías José Agustín Delmás que resolvió mantener la prisión preventiva de los cinco dirigentes, quienes ya se encuentran recluidos en la penitenciaría de Tacumbú, luego de estar por diez días en la Agrupación Especializada.
“Que, en el considerando de la Resolución recurrida notamos que el A-quo intenta fundamentar el rechazo de la pretensión de la defensa, haciendo un análisis de los presupuestos de los Art. 243 y 244 del C.P.P., a fin de sostener el presunto Peligro de Fuga y Obstrucción de la Justicia, pero sin embargo lejos de emitir un fundamento jurídico sobre la existencia del Peligro de Fuga solo pasó a hacer formulaciones genéricas o simple trascripciones de preceptos legales que no suplen de modo alguno la argumentación requerida, por lo que es un pronunciamiento infundado en ese punto, como asimismo lo es respecto a la presunción o probabilidad de obstrucción de la investigación por parte de mis defendidos, extremos éstos utilizados para ratificar la prisión preventiva”, sostiene la defensa en su apelación.
La abogada pide al Tribunal de Apelación revocar en todas sus partes la resolución en primera instancia y conceder el arresto domiciliario a los mismos.
Entre los imputados también se encuentran los otros líderes, Ángel Zaracho y Roberto Almirón.
El 22 de abril pasado, el juez Delmás sostuvo en su resolución que los nombrados fueron descubiertos en flagrancia y además existe latente la posibilidad del peligro de fuga y de la obstrucción a la investigación.
Los citados dirigentes de los camioneros fueron imputados por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, y en el escrito señalan que Ángel Zaracho, Roberto Almirón y Julio Solaeche se habían reunido dos veces con el ministro del Interior Federico González a quien solicitaron 1 millón de dólares para garantizar la libre circulación sobre las rutas del país, bajo la promesa de no hacer cortes. Eso se realizó el 11 de abril.
Posteriormente, el 12 de abril, los camioneros supuestamente bajaron sus pretensiones a 300 mil dólares ya que recibieron la negativa del ministro. El 13 de abril, solo Ángel Zaracho fue hasta el Ministerio del Interior, donde recibió 50 mil dólares, previa copia por vía judicial y cámaras oculta, y fue detenido en las escaleras de la institución pública antes de salir a la calle.
