A pedido de la ministra Carolina Llanes, la Corte ordenó la realización de una auditoría al expediente de Pedro Gómez de la Fuente, exdirector de la Región Occidental del INDERT, que se encuentra en etapa de Ejecución debido a que planteó recursos para evitar el cumplimiento de su condena.
En la causa, Gómez de la Fuente fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por extorsión y cohecho pasivo agravado. Asimismo, el exdiputado por Patria Querida (PPQ), Carlos Soler, fue sentenciado 4 años por extorsión, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, pena que actualmente se encuentra cumpliendo.
Llanes manifestó que, pese a que el proceso penal acusatorio prevé una serie de etapas rigurosas, investigación, acusación, juicio oral y recursos, en algunos casos se está aplicando una práctica improcedente, consistente en intimar al condenado que se encuentra en libertad para que comparezca voluntariamente a cumplir su condena privativa de libertad.
“Luego de todo el esfuerzo material, humano y de tiempo invertido por el Estado y el Poder Judicial, se termina invitando al condenado a presentarse por voluntad propia. Por supuesto, las personas no lo hacen y a partir de ahí se generan planteamientos procesales inexistentes en esta etapa que postergan indefinidamente la ejecución de la pena”, señaló Llanes.
La ministra alertó que esta situación abre la puerta a una nueva estrategia dilatoria, la prescripción de la pena, que reemplaza a la ya conocida “chicaneada” de la prescripción del proceso o del delito. Según dijo, esta maniobra amenaza con dejar sin efecto sanciones firmes, debilitando la credibilidad del sistema de justicia.
En este contexto, Llanes expuso el caso concreto de la causa “Carlos María Soler y Pedro Enrique Gómez de la Fuente s/ Cohecho Pasivo Agravado”, tramitada en el año 2019. Recordó que, mientras el primero ya se encuentra cumpliendo efectivamente su condena, el segundo ha presentado planteamientos que calificó como “absolutamente dilatorios”.
La ministra solicitó formalmente al Pleno de la Corte la realización de una auditoría jurisdiccional sobre dicho expediente, a fin de revisar el proceso y determinar las medidas correspondientes para garantizar la ejecución de la condena. El pedido fue sometido a consideración de los ministros y aprobado por unanimidad, lo que marca un paso importante hacia el control y corrección de estas prácticas irregulares.
Con esta decisión, la Corte busca reforzar el principio de efectividad de las penas y evitar que maniobras procesales sin sustento jurídico socaven el sistema penal, poniendo en duda la fuerza coercitiva de las resoluciones judiciales.
