Con relación a la aplicación de medidas alternativas que otorgan (o no lo hacen) los jueces, la Ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Carolina Llanes, mencionó ante el pleno que ya se han tomado acciones al respecto, como la Acordada N° 1511 que regulas las medidas alternativas.
Dijo además que existe una distorsión grave del sistema legal y constitucional ya que se instala la idea de que otorgar las medidas alternativas implica el mal desempeño de los magistrados y por ende deben ser removidos del sistema.
“Es cierto lo que dice el Ministro Ríos, hay una aplicación social en relación a la aplicación de la fuerza dentro del Estado y obviamente se atribuye al Poder Judicial la potestad de hacerlo. Se tergiversa el rol y la función del Poder Judicial en cuanto a la aplicación de esta fuerza” agregó.
Eso permanentemente se azuza a través de poderes fácticos y mediáticos, exigiendo al Poder Judicial que se encargue prácticamente de la seguridad del Estado, a través del dictamiento de la prisión preventiva, lo cual es una distorsión bastante grave del sistema constitucional y legal, según la Ministra Llanes.
“Cada vez que un Juez dicta una medida alternativa conforme a la ley y conforme a los datos del expediente, el magistrado es permanentemente hostigado con tapas y reclamos para que sea enjuiciado” manifestó.
