El abogado Andrés Casati, representante de la familia Cubas Gusinky, manifestó su preocupación ante pedidos que presentaron varios condenados por el secuestro de Cecilia Cubas para ser tratados fuera de las penitenciarías, ante problemas de salud.
«Constantemente los condenados están solicitando traslados y tratamientos ambulatorios fuera del lugar de reclusión. Lo último que tenemos es que Francisca Andino solicitó un traslado de reclusión por supuestos problemas internos, estando ella en el Buen Pastor», indicó el abogado. «Hay que cuidar que todo el esfuerzo que hizo la justicia paraguaya no se vaya a la basura por un descuido, entonces hay que ser celoso con el seguimiento de estos condenados», refirió Casati, indicando que son «sugestivos» los pedidos tratándose de personas de alta peligrosidad.
Entre los casos mencionados por el abogado están los de Aldo Mesa, quien alegó necesidad de una cirugía de hemorroides; Francisca Andino, que pidió su traslado por conflictos internos en su penitenciaría actual y Anastasio Mieres, quien solicitó atención médica externa por mareos y vómitos. También Venancio Acosta reclamó tratamientos en hospitales privados por afecciones diversas.
Casati señaló que estas solicitudes han sido autorizadas por los juzgados de ejecución y expresó su preocupación por el “relajamiento” del sistema judicial tras la condena: “Se calman las aguas y empiezan a otorgarse medidas que no cumplen la finalidad de la pena”, advirtió.
Una figura que llamó particularmente la atención de la querella fue la visita autorizada a Francisca Andino de parte de Elsa Ojiro, copresidenta del Movimiento Económico por los Derechos Humanos en Argentina. Casati la vinculó con el “Clan Villalba”, con supuestos nexos internacionales. “No sabemos qué puede venir a hacer con Andino. Estos vínculos tienen alcance internacional y no podemos bajar la guardia”, señaló.
El abogado insistió en que, si bien es correcto respetar los derechos humanos de los reclusos, también se debe considerar la peligrosidad de los mismos. “No podemos permitir que gente condenada por crímenes tan graves tenga privilegios que puedan facilitar fugas o contactos con organizaciones delictivas”, sostuvo. “La justicia hizo un esfuerzo enorme para condenarlos. No podemos tirar todo eso al tacho por descuidos”, concluyó.
