El juez penal de Garantías Humberto Otazú ordenó que el Banco Atlas S.A. deposite la suma de USD 718.570 en una cuenta judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el marco de la causa penal que investiga al presidente de la entidad, Miguel Ángel Zaldívar y a otros directivos por presunto lavado de dinero.
La medida fue adoptada a pedido del Ministerio Público como parte de una solicitud de embargo preventivo orientada a asegurar un eventual comiso especial o privación de beneficios, figura prevista en la legislación penal para los casos en que se sospecha que una persona física o jurídica obtuvo ganancias derivadas de hechos ilícitos.
El abogado Claudio Lovera, representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en la causa, explicó que el monto fijado por la Fiscalía responde a una estimación de las ganancias que habría obtenido la entidad bancaria mediante la utilización de fondos vinculados al fideicomiso investigado.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre el patrimonio del Banco Atlas a los efectos de asegurar el comiso especial o la privación de beneficios en materia de lavado de activos”, señaló Lovera al referirse al alcance de la resolución judicial.
Según explicó el abogado, la acusación fiscal sostiene que el banco habría obtenido beneficios económicos derivados de operaciones consideradas irregulares, situación que, de comprobarse en juicio, obligaría a aplicar las disposiciones del Código Penal referentes a la privación de beneficios ilícitos. Lovera sostuvo que la decisión constituye una medida cautelar destinada a preservar recursos que eventualmente podrían ser objeto de comsio.
“El juzgado dispuso que el banco deposite en la cuenta judicial abierta a nombre del juicio esos recursos requeridos por la Fiscalía como medida cautelar en el marco del comiso especial”, indicó. Agregó que la resolución refleja la aplicación de herramientas legales previstas para los procesos relacionados con presuntos hechos de lavado de activos, no solo respecto de las personas físicas acusadas, sino también en relación con eventuales beneficios obtenidos por una persona jurídica.
Respecto al origen de la cifra fijada por la Fiscalía, Lovera explicó que el cálculo se realizó tomando como referencia el rendimiento que habría podido obtener el banco mediante la utilización de recursos depositados a través de certificados de depósito de ahorro. Indicó que, al ingresar esos fondos al patrimonio de una entidad financiera, estos pueden formar parte de su giro comercial habitual, incluyendo operaciones de préstamo u otras actividades financieras.
En ese contexto, el Ministerio Público habría estimado las ganancias mínimas que el banco pudo haber generado mediante la utilización de dichos recursos, tomando como base tasas activas y pasivas aplicadas en su actividad comercial. No obstante, aclaró que el monto actualmente fijado tiene carácter provisional y podría modificarse durante el desarrollo del proceso. “En un eventual juicio oral esos cálculos pueden inclusive ser superiores”, manifestó.
Lovera también se refirió al estado actual del expediente, señalando que la causa se encuentra actualmente en estudio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debido a una recusación promovida por una de las defensas.
Según explicó, una vez que dicha incidencia sea resuelta, el Tribunal de Apelación podrá continuar con el análisis de los recursos pendientes y posteriormente avanzar hacia la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si la causa es elevada o no a juicio oral y público.
El representante de CONMEBOL también hizo referencia a la decisión del Banco Atlas de habilitar una cuenta interna para acreditar el monto reclamado. A criterio de Lovera, las medidas cautelares requieren que los fondos queden bajo control directo del órgano jurisdiccional para evitar cualquier disposición sobre ellos durante la tramitación del proceso.
Por ese motivo, destacó que el juzgado ordenó la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento y dispuso que los recursos sean transferidos a dicha cuenta. “Las sumas deben estar aseguradas y a disposición del órgano jurisdiccional. A partir de su depósito en la cuenta judicial, los recursos quedan efectivamente bajo control del juzgado”, afirmó.
La investigación continúa mientras se aguarda la resolución de los recursos pendientes y la definición de las próximas etapas procesales en una de las causas por presunto lavado de dinero de mayor repercusión en el ámbito financiero nacional
