El juicio oral relacionado con el funcionamiento de una planta de minería de criptomonedas en la ciudad de Villarrica fue fijado para el 06 de abril, según lo dispuesto por el tribunal de sentencia presidido por el magistrado Heber Patrocinio Chamorro.
El proceso se originó a partir de denuncias de vecinos del barrio Santa Lucía de Villarrica, quienes señalaron presuntos efectos negativos derivados del funcionamiento de una instalación dedicada a la minería de criptomonedas, ubicada a escasa distancia de viviendas familiares.
Los denunciantes sostienen que durante varios meses la planta habría generado niveles elevados de ruido continuo provenientes de procesadores, extractores y sistemas de ventilación. Entre los afectados se encuentran familias con niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista y personas con antecedentes de afecciones psiquiátricas, quienes atribuyen al ruido constante efectos perjudiciales para su bienestar y su calidad de vida.
La instalación pertenece a la empresa Dyn Ingeniería S.A., subsidiaria de la firma internacional Bitfarms, dedicada a la minería de criptomonedas y con cotización en las bolsas de Toronto y Nueva York. Según datos oficiales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la planta habría consumido más de 201 millones de kilovatios hora (kWh) entre julio y diciembre del 2024, cifra equivalente al consumo anual de más de 47.000 hogares.
La resolución judicial que derivó en la fijación del juicio oral también abordó diversos incidentes planteados por la defensa del acusado, ejercida por los abogados Eduardo Casartelli y Enrique Duarte. Entre las solicitudes figuraban la aplicación de un criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento y la exclusión de pruebas obtenidas durante la investigación. Estas peticiones fueron rechazadas por el juzgado.
No obstante, el juez sí dispuso la exclusión de determinados informes técnicos y declaraciones testificales ofrecidas por el Ministerio Público de Paraguay, al considerar que no cumplían con los requisitos procesales exigidos. Al mismo tiempo, admitió otras pruebas presentadas por ambas partes y ordenó la remisión del expediente al tribunal de sentencia.
La fiscal de la causa, María Jadiyi Ortiz, sostiene que el acusado habría permitido que la planta opere sin los controles necesarios en una zona urbana, generando emisiones sonoras que podrían resultar perjudiciales para la salud de los residentes y sin cumplir plenamente con las normativas municipales y ambientales vigentes.
