A pedido del fiscal Benjamín Vera, se suspendió el juicio oral y público de la causa contra el exsíndico de quiebras, Blas Manuel Velázquez, acusado por supuesta lesión de confianza y otros. El fiscal pidió tiempo para interiorizarse del caso, puesto que fue recientemente asignado a la causa ante una recusación al fiscal Julio Ortíz.
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Manuel Aguirre, hizo lugar al pedido y fijó el inicio del juicio oral para el próximo 09 de junio a las 08:00 horas.
El abogado Alejandro Nissen, representante de la querella en el caso que involucra al exsíndico de quiebras Blas Velázquez, denunció públicamente la continua suspensión del juicio oral y acusó al Ministerio Público de entorpecer el proceso judicial con actuaciones que calificó como “parciales” y perjudiciales para las víctimas del caso.
Nissen explicó que la razón fue una nueva intervención de la Fiscalía a raíz de un pedido de recusación que él mismo promovió contra el agente fiscal anterior, al considerar que actuaba con “parcialidad manifiesta”. Según el abogado, el fiscal cuestionaba puntos ya resueltos en instancias judiciales anteriores, lo cual, afirmó, demuestra una clara inclinación a favor de la defensa.
En ese contexto, el Ministerio Público designó a un nuevo fiscal, quien solicitó una prórroga para interiorizarse del caso. Sin embargo, Nissen fue enfático al advertir que la querella espera que la Fiscalía se ratifique en la acusación formulada por la agente fiscal Natalia Cacavelos, quien, a su juicio, “fue la única que investigó realmente”.
La causa gira en torno a presuntas irregularidades durante la administración de la quiebra del extinto Banco Oriental. El abogado denunció que el exsíndico Blas Velázquez vendió dos veces un inmueble que pertenecía a su cliente, pese a que la obligación correspondiente ya había sido saldada. La imposibilidad de transferir el bien, producto del fallecimiento del titular, fue aprovechada, según Nissen, para revenderlo a menor precio, causando un perjuicio económico millonario.
“El inmueble fue vendido dos veces, acumulando ya más de Gs. 1.000 millones en operaciones irregulares”, denunció, afirmando que para la Fiscalía existe una clara “lesión de confianza” en la actuación de Velázquez, mientras que para la querella se trata directamente de una estafa. El abogado también aseguró que este no sería un caso aislado: “Velázquez ya tiene antecedentes similares en otras quiebras que administró”, afirmó con severidad.
Sobre los plazos judiciales, Nissen alertó que el expediente se encuentra “al filo de la prescripción” por la inacción del Ministerio Público. “La Fiscalía deja pasar el tiempo, no acusa a tiempo y pone en riesgo los derechos de las víctimas”, aseveró. Incluso, no descartó la posibilidad de accionar judicialmente contra el Ministerio Público por daño y perjuicio si el caso caducara sin llegar a juicio.
