El juez Rolando Duarte hizo lugar, en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, al pedido de realización de la pericia de cruce de llamadas y análisis de comunicaciones sobre el extracto de llamadas del número de celular perteneciente a la exfiscal Casse Giménez en el marco de la causa 9869/2017 – «Raul Antonio Fernández Lippmann y otros s/ tráfico de influencias y otros», causa conocida como «audios filtrados del JEM».
La defensa de la imputada, encabezada por el abogado Juan Ruiz Díaz, solicitó el análisis de los registros telefónicos correspondientes al año 2017, argumentando que podrían aportar datos esenciales para esclarecer los hechos. La Fiscalía, representada por la agente Claudia Aguilera, no presentó objeciones a esta medida y pidió un plazo de 48 horas para proponer un perito.
Por otro lado, la defensa también solicitó una pericia acústica sobre un audio en el que supuestamente se menciona a la imputada en el marco del caso. No obstante, la Fiscal Aguilera se opuso, argumentando que no contaban con el archivo original y que solo disponían de ediciones recibidas en una investigación anterior. El Juez respaldó esta postura y rechazó la solicitud, al considerar que, sin el archivo en bruto, el mismo carece de validez legal.
Esta decisión ha generado controversia, ya que la defensa sostiene que el audio es una pieza fundamental para demostrar la veracidad o falsedad de los testimonios en su contra. Además, cuestionan que en otros procesos similares se han aceptado pericias acústicas incluso sin contar con el archivo original. Ante esto, el abogado Juan Ruiz Díaz ha solicitado información sobre la posible ubicación del audio original, con la intención de que el mismo sea incluido.
Mientras tanto, la pericia de llamadas se llevará a cabo con la participación del perito propuesto por la defensa, el licenciado en Criminalística Juan Carlos Recalde y un perito informático del Ministerio Público. Se espera que este procedimiento proporcione nuevos elementos a la investigación. Sin embargo, la negativa a la pericia acústica deja abierta la posibilidad de futuras impugnaciones y recursos judiciales, en un caso que sigue captando la atención de la ciudadanía al tratarse de presuntos hechos de corrupción pública.
