La Sala Penal no admitió el planteamiento de contienda remitido a su consideración en la causa seguida al senador Rafael Filizzola por presunta lesión de confianza, relacionada con supuestas irregularidades en la refacción de 24 comisarías del área metropolitana cuando se desempeñaba como ministro del Interior.
Los ministros Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Víctor Ríos Ojeda concluyeron que no existe una verdadera contienda de competencia que justifique la intervención de la máxima instancia judicial, por lo que dispusieron la remisión inmediata del expediente al Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, para su debida reasignación.
La decisión se produjo tras una serie de incidencias relacionadas con la integración de la Cámara de Apelaciones. Según se detalla en la resolución, los camaristas Bibiana Benítez y Agustín Fernández fueron recusados por la defensa, mientras que posteriormente Fernández se inhibió de intervenir en la causa. En reemplazo fue sorteada la camarista Adriana Giagni, quien manifestó que el expediente debía regresar a la Secretaría de la Primera Sala para ser resuelto por los miembros naturales designados por la Corte Suprema de Justicia.
Al analizar los antecedentes, la Sala Penal sostuvo que ninguno de los magistrados intervinientes se declaró incompetente para entender en el proceso, por lo que no se configura una contienda de competencia en los términos legales. Los ministros señalaron que la situación planteada responde a una cuestión vinculada a la integración de la Cámara y no a un conflicto jurisdiccional que requiera una definición por parte de la Corte.
El expediente volverá al Tribunal de Apelación Penal Primera Sala, donde los camaristas Jesús Riera, Paulino Escobar y Camilo Torres deberán intervenir para resolver la apelación pendiente promovida por el Ministerio Público.
Antecedentes
La causa guarda relación con las obras de refacción y adecuación edilicia de 24 comisarías del área metropolitana ejecutadas durante el año 2010, cuando Rafael Filizzola ejercía el cargo de ministro del Interior.
La Fiscalía acusó al actual senador por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, atribuyéndole haber aprobado la licitación pública y autorizado pagos para las obras con fondos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2010, pese a que los trabajos requerían un plazo de ejecución de entre 60 y 90 días. Según la acusación, dicha actuación habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado que inicialmente fue estimado en más de G. 400 millones.
Posteriormente, en el transcurso del proceso, el Ministerio Público sostuvo que el perjuicio ocasionado al Estado paraguayo ascendía a aproximadamente G. 1.200 millones, en el marco del caso conocido públicamente como el de las «comisarías de oro».
En mayo de 2025, el juez penal de garantías Yoan Paul López otorgó el sobreseimiento definitivo a Filizzola tras concluir que la acción penal se encontraba prescripta. Sin embargo, el Ministerio Público apeló dicha decisión al considerar que el proceso aún debía continuar y que las pruebas debían ser debatidas en juicio oral y público.
