El juez de garantías Osmar Legal rechazó el pedido de levantamiento de medidas cautelares reales promovido por la defensa del empresario Diego Hernán Dirisio y de su pareja Julieta Nardi Aranda, ambos investigados en el marco del operativo Dakovo, relacionado con un supuesto esquema de tráfico internacional de armas.
La solicitud fue presentada por los abogados Óscar Tuma y Alba María González Rolón, quienes requirieron el levantamiento del bloqueo de cuentas bancarias, la inhibición general de vender o gravar bienes y el secuestro de una camioneta Chevrolet Silverado negra, matrícula AAFV 369, registrada a nombre de la firma International Auto Supply IAS S.A..
El vehículo había sido incautado por orden judicial y posteriormente entregado en custodia a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). La resolución fue dictada en el marco del expediente “Pedido de Asistencia Jurídica Internacional librada por la Justicia del Brasil” y se relaciona con una investigación impulsada por autoridades brasileñas sobre presuntos hechos de criminalidad organizada transnacional.
Según los antecedentes expuestos por el juzgado, las medidas cautelares fueron decretadas en diciembre del 2023 y alcanzaron tanto a Dirisio y Nardi como a empresas vinculadas al empresario. Entre ellas se dispuso la inhibición general de enajenar bienes, el bloqueo e inmovilización de cuentas financieras y el secuestro de dinero en efectivo y vehículos.
El magistrado recordó que dichas disposiciones se adoptaron a partir de un pedido de cooperación internacional formulado por el 2° Juzgado Criminal Federal de Bahía, Brasil, dentro de una causa sustentada en tratados internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, específicamente bajo instrumentos de cooperación contra el crimen organizado transnacional.
La defensa argumentó que las medidas cautelares debían cesar debido a que Brasil ya no mantiene interés en el proceso de extradición tramitado en Paraguay, luego de que Dirisio y Nardi fueran detenidos en territorio argentino. Sobre ese punto, el juez señaló que el Ministerio Público informó que las autoridades brasileñas comunicaron que el proceso de extradición continúa ahora ante la justicia argentina, pero aclararon que la situación procesal de ambos investigados permanece inalterada en Brasil.
El fiscal Francisco Cabrera informó además que las autoridades brasileñas no remitieron comunicación oficial solicitando el levantamiento de las medidas cautelares patrimoniales decretadas en nuestro país.
En su análisis, el magistrado sostuvo que subsisten los presupuestos legales que justifican las medidas cautelares reales, particularmente la verosimilitud del derecho invocado por el Estado requirente y el peligro de eventual ocultamiento, transferencia o disposición de activos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
La resolución añade que las medidas adoptadas tienen carácter instrumental y provisional, orientadas a garantizar un eventual comiso de bienes en caso de confirmarse responsabilidades penales dentro de la investigación internacional.
El juez también remarcó que, tratándose de investigaciones sobre criminalidad organizada transnacional, el Estado paraguayo tiene obligaciones de cooperación internacional que exceden el mero trámite extradicional y abarcan también la preservación de bienes eventualmente sujetos a decomiso.
En ese sentido, el juzgado concluyó que el hecho de que Brasil ya no impulse la extradición desde Paraguay no constituye motivo suficiente para dejar sin efecto las medidas patrimoniales, debido a que la investigación penal principal continúa abierta en territorio brasileño. Asimismo, la resolución enfatiza que el destino definitivo de los activos afectados dependerá de lo que se resuelva en el proceso penal llevado adelante en Brasil, donde se analiza el eventual origen ilícito de los bienes y recursos investigados.
Por ello, el magistrado resolvió rechazar el incidente promovido por la defensa y mantener vigentes todas las medidas cautelares reales decretadas sobre los bienes, cuentas y activos vinculados a Diego Dirisio, Julieta Nardi y las empresas relacionadas al caso.
